GREMIOS EMPRESARIALES PIDEN REVISAR Y MEJORAR LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Confiep, Adex, SNI, Productores Agrarios, Conveagro, Gremios Mipymes

Principales gremios empresariales del Perú, en comunicado público, exhortan al Tribunal Constitucional, al Poder Ejecutivo, al Congreso, Poder Judicial, Fiscalía y al Ministerio de Justicia, a reflexionar sobre la necesidad de revisar y mejorar la Ley de Extinción de Dominio, con un enfoque integral, receptivo y bien diseñado.

“Con ello, garantizar que esta norma sea una herramienta efectiva contra la criminalidad organizada, sin generar incertidumbre y perjuicios para los millones de emprendedores quienes actúan legítimamente y que son la base para la creación de empleo y contribuyen al desarrollo del país”, señalan los empresarios en el documento.

El comunicado está firmado por 19 agrupaciones empresariales como Confiep, Adex, Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Pesquería, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Conveagro, Asociación Automotriz del Perú, Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio, Asociación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, entre otros.

Estos grupos empresariales afirman creer en la importancia de contar con una Ley de Extinción de Dominio que permita la recuperación de bienes y grandes patrimonios de origen delictivo. Una ley que sea una herramienta firme contra la criminalidad y que también garantice la seguridad jurídica, el debido proceso, la propiedad privada, así como los derechos humanos de los emprendedores.

La norma actual permite incautar bienes incluso cuando la persona es absuelta en el proceso penal que motivó la extinción de dominio, lo que es injusto. Además, se aplica retroactivamente sin límite temporal y exige a los compradores a demostrar que cumplieron con un estándar de buena fe cualificada vigente desde 2019, incluso para adquisiciones de años atrás. El procedimiento tampoco garantiza una defensa justa y efectiva.

Finalmente, los gremios empresariales detallan que, en el Perú, donde más del 70% de la economía enfrenta barreras para formalizarse, la aplicación indiscriminada de la Ley de Extinción de Dominio y la falta de criterios claros para diferenciar bienes de origen criminal de aquellos adquiridos en contextos de difícil formalización, ponen en riesgo derechos constitucionales y la estabilidad económica.