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SUNAT evalúa gravar las ganancias por criptomonedas con un nuevo marco tributario
SUNAT evalúa gravar las ganancias por criptomonedas con un nuevo marco tributario
El ente recaudador peruano plantea incluir las transacciones con activos digitales en la Ley del Impuesto a la Renta, en medio del auge de inversiones en criptomonedas y la falta de regulación específica.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) está trabajando en una propuesta para incorporar las ganancias obtenidas por operaciones con criptomonedas dentro del sistema tributario peruano.
Así lo confirmó su titular, Víctor Mejía, donde destacó la urgencia de establecer reglas claras ante el crecimiento de este tipo de inversiones.
“Las criptomonedas requieren una regulación especial”, afirmó Mejía. “Estamos proponiendo que las ganancias obtenidas de estas operaciones se tomen en cuenta a la hora de calcular los tributos”.
La iniciativa contempla una modificación en la Ley del Impuesto a la Renta que permitiría clasificar los beneficios por criptomonedas como rentas sujetas a tributación.
Bajo este esquema, las personas naturales que obtengan utilidades con criptomonedas deberán declarar estas ganancias como renta de segunda categoría, mientras que las personas jurídicas (empresas que operan con activos digitales) tributarían bajo el régimen de renta de tercera categoría.
Actualmente, las criptomonedas en Perú están catalogadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como activos digitales no regulados, lo que implica que no son moneda de curso legal ni están respaldadas por ninguna autoridad financiera central.
Además, su comportamiento volátil y la falta de estabilidad impiden que cumplan plenamente con las funciones tradicionales del dinero, como ser una unidad de cuenta o un medio de intercambio eficaz.
Riesgos globales y presión por regular
La iniciativa de SUNAT no es un caso aislado. En el plano internacional, distintas jurisdicciones están avanzando en normativas similares, motivadas tanto por la necesidad de controlar un mercado en expansión como por las preocupaciones ligadas a la volatilidad y el uso potencial de criptomonedas en actividades ilícitas.
En este sentido, Mejía remarcó que el objetivo no es frenar la innovación ni desalentar la adopción de nuevas tecnologías financieras, sino garantizar que el Estado pueda monitorear y fiscalizar adecuadamente una actividad económica en rápido crecimiento, y que sus participantes cumplan con sus obligaciones tributarias.
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