ENTRE el 2MIL y EL 2021 – Crisis Política que debe ser resuelta

Por: José Antonio Torres Iriarte

La crisis política que hoy afronta nuestro país tiene matices muy parecidos a las del año 2000. En ese entonces, en un proceso electoral cuestionado, fue elegido Alberto Fujimori para un tercer mandato de cinco años. La protesta y movilización ciudadana en las calles no fueron suficiente para impedir el continuismo político, que se expresó en la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo Pleno había autorizado de manera irregular la tercera postulación del señor Fujimori y en la que el Jefe de la ONPE afirmaba que la institución que presidía era «garantía de un proceso claro».

Hoy el Perú afronta una grave crisis política que debe ser resuelta no sólo apelando a las acciones legales ante los organismos electorales, sino con la movilización de las fuerzas democráticas, que tienen la convicción de que es necesario defender las libertades frente a la amenaza totalitaria. La estrechez de los resultados y la falta de transparencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones en especial, lesiona la «voluntad popular» que se expresó en los comicios del 6 de Junio.

La «declinación» del magistrado Arce Córdova hace unos días y la cuestionada juramentación del Dr. Rodríguez Monteza como integrante del J.N.E., más aún el que no se eligiera oportunamente al representante del Colegio de Abogados de Lima (quinto miembro del Pleno) y el accionar del magistrado Salas Arenas, que en su condición de Presidente, tiene la facultad de dirimir las votaciones, generan desconfianza.

No se viola el «derecho a la privacidad» Si se entregan padrones electorales

No es posible invocar razones de tiempo para no resolver las impugnaciones o nulidades interpuestas, como tampoco es válido argumentar que se viola el «derecho a la privacidad» si es que se entregan los padrones electorales para proceder al cotejo de cada acta de sufragio con su respectivo padrón de electores.

Las denuncias y evidencias de fraude son suficientes como para cuestionar los comicios generales. El presidente Sagasti debe recoger el pedido de la candidata Keiko Fujimori para solicitar formalmente ante la O.E.A. la realización de una Auditoria Internacional, sobre el software, los centros de cómputo y que permita examinar (de manera muestral) las actas de sufragio y los padrones electorales.

Funcionarios y magistrados serán denunciados ante el Ministerio Público, si se acreditan comisión de ilícitos penales

Los funcionarios y magistrados de los organismos electorales serán pasibles de ser denunciados ante el Ministerio Público, en el caso se acrediten la comisión de ilícitos penales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Si el actual gobierno de transición es neutral, que no dude en solicitar y facilitar el trabajo de los expertos internacionales (incluso de la Unión Europea), de lo contrario será un claro indicio de que, como ha glosado el magistrado Arce Córdova en su «carta de declinación» ante la Fiscal de la Nación, no existen condiciones objetivas para que la justicia electoral sea administrada con imparcialidad.

No existe un plazo perentorio para proclamar al presidente electo. La transparencia electoral asegura legitimidad a un gobierno, que sea cual fuera su signo político no tendrá mayoría en el próximo congreso nacional. En un contexto como el descrito, de negarse el señor Sagasti, considero que la crisis política se agravará aceleradamente en nuestro país, creándose las condiciones para el establecimiento de un nuevo «gobierno de transición», que convoque a nuevas elecciones generales, bajo la égida de nuevas autoridades electorales.