Mineria ilegal y el estado de derecho en el Perú

La minería ilegal es la principal economía ilícita y supera al narcotráfico

Es un problema grave que afecta el estado de derecho y la gobernabilidad en el país.

«La minería ilegal ha superado al narcotráfico como la principal fuente de recursos ilegales en el Perú, generando aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales. Este problema se ve agravado por el poco compromiso del Estado en la lucha contra esta actividad delictiva».

El Estado solo invierte 80 millones de soles en la lucha contra la minería ilegal, mientras que, contra el narcotráfico, 268 millones. Esto, a pesar de que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país. Esta actividad ilícita está estrechamente vinculada al crimen organizado y a otros delitos como el sicariato, la trata de personas, la prostitución y la corrupción”.

A continuación, se presentan algunos aspectos clave sobre este tema:

1. No se hace nada frente la amenaza sistémica que representa la minería ilegal, una actividad que avanza rápidamente y corrompe el tejido político e institucional del país, alertando que el esquema de formalización ha fracasado y necesita ser repensado. “Si el gobierno no toma consciencia de su dimensión, nos convertiremos en un Estado fallido”.

2. Se debe generar una respuesta articulada y multisectorial del Estado para enfrentar y erradicar la minería ilegal. “Si queremos una minería sostenible debemos frenar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)”,

3.Los graves impactos del mercurio en la minería ilegal, y la inacción de las autoridades, a pesar del compromiso de Perú con el convenio de Minamata. “Cada año, 300 toneladas de mercurio ingresan de contrabando desde Bolivia y 40 toneladas se vierten en los cuerpos de agua de la Amazonía, afectando al 60% de la población de Puerto Maldonado”.

Lo más escandaloso, es la falta de supervisión estatal, la regulación legal y la burocracia, frente al impacto de la minería ilegal:

1. Daño ambiental: La minería ilegal contamina ríos, suelos y aire, afectando la biodiversidad y la salud de las comunidades.
2. Inseguridad ciudadana: La minería ilegal está vinculada a la delincuencia organizada, generando violencia y inestabilidad en las zonas afectadas.
3. Pérdida económica: La minería ilegal evade impuestos y regalías, perjudicando la economía nacional y local.

Desafíos para el estado de derecho:

1. Falta de control: La minería ilegal opera al margen de la ley, desafiando la autoridad estatal y la regulación.
2. Corrupción: La minería ilegal involucra a funcionarios y autoridades corruptos que permiten su operación.
3. Ineficacia institucional: falta de coordinación entre instituciones y la insuficiente capacidad para monitorear y sancionar la minería ilegal.

Soluciones:

1. Fortalecer la regulación: Mejorar las leyes ( considerar como delito penal) y normas para prevenir la minería ilegal y sancionar a los responsables, con pena de cárcel de máxima seguridad.
2. Incrementar la supervisión: Aumentar la presencia estatal en zonas mineras y utilizar tecnología para monitorear la actividad.
3. Promover la minería responsable: Fomentar la minería legal y sostenible, con beneficios para las comunidades locales.
4. Combatir la corrupción: Implementar medidas para prevenir la corrupción y sancionar a los funcionarios involucrados.

Es fundamental abordar la minería ilegal de manera integral, involucrando a instituciones gubernamentales, sociedad civil y sector privado, para proteger el medio ambiente, la seguridad ciudadana y el estado de derecho en Perú o nos convertimos en una república de piratas.

Ayer se llevó acabo un debate PERU: ¿REPÚBLICA DE PIRATAS? sobre la minería, impactos y desafíos.

Acabar con la minería informal e ilegal en el país requiere mano dura, con  un enfoque integral y sostenible que involucre a múltiples actores y sectores.

Estrategias:

1. Fortalecer la regulación y supervisión.
2. Implementar tecnologías para monitorear la actividad minera.
3. Incrementar la cooperación internacional.
4. Fomentar la minería responsable y sostenible.
5. Proteger los derechos de las comunidades afectadas.

Medidas a corto plazo:

1. Crear un registro nacional de mineros informales.
2. Establecer un sistema de denuncia y reporte de actividades ilícitas.
3. Realizar operativos conjuntos con la policía y la fiscalía.
4. Implementar programas de capacitación y educación.

A medio plazo:

1. Desarrollar políticas públicas para regular la minería informal.
2. Establecer zonas de minería permitida y restringida.
3. Implementar sistemas de monitoreo ambiental.
4. Fomentar la creación de cooperativas mineras.

A largo plazo:

1. Implementar un sistema de licencias y permisos.
2. Establecer un sistema de fiscalización y control.
3. Desarrollar programas de restauración ambiental.
4. Fomentar la inversión en minería responsable.

Actores involucrados:

1. Gobierno nacional y regional.
2. Ministerio de Energía y Minas.
3. Ministerio del Ambiente.
4. Policía Nacional del Perú.
5. Fiscalía de la Nación.
6. Comunidades locales.
7. Sector privado.

Herramientas tecnológicas;

1. Sistemas de información geográfica (SIG).
2. Drones y satélites para monitoreo.
3. Sensores ambientales.
4. Aplicaciones móviles para denuncia y reporte.

Beneficios:

1. Reducción de la contaminación ambiental.
2. Mejora de la seguridad y salud laboral.
3. Incremento de la recaudación fiscal.
4. Protección de los derechos de las comunidades.
5. Fomento de la minería responsable y sostenible.

No abordar este problema de manera integral y sostenible para proteger la ecología y la economía del país, es muy grave porque afecta el estado de derecho y la gobernabilidad en el país.