Peajes de la corrupción al Tribunal Constitucional

Desde el 17 de abril, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de anular el cobro de los peajes en nuestra ciudad capital. Ese día la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima le elevó un recurso de agravio constitucional.

Responderá con un hábeas corpus por presunto atentado al derecho al libre tránsito, así como por el interés económico de los limeños, ya que las casetas de Rutas de Lima y de Lamsac obstruyen las salidas y entradas a la capital. Es decir, si un vehículo no paga el peaje, no entra ni sale de la ciudad?

Esta demanda es a nombre de la Asociación de Consumidores Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM) y de la Asociación de Consumidores Proyecto Solidaridad Global. Paul Castro García y de Jorge Pinto Rossi, representantes de estas asociaciones, piden declarar “la nulidad de los contratos «?

Pero como estamos en el Perú, no faltan los expertos que al toque concluyen que no sería viable la anulación de Línea Amarilla y Rutas de Lima. ¿Es viable esta propuesta? ¿Cuáles son los riesgos? El TC tiene la última palabra, no se debe lavar las manos.

Cuál es la ruta de los contratos manchados por la corrupción: Primero, en el año 2009, en la gestión de Luis Castañeda, se firmó el contrato con la constructora OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. En la gestión de Susana Villarán la Municipalidad de Lima suscribió una adenda y amplió este periodo por 10 años más.

Segund, en el 2012 la gestión la «Tía vaga» firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, que incluía un peaje en Chillón, en el distrito de Puente Piedra, aunque fue anulado por las protestas de la población.

Tercero, hace algunas semanas, luego de varios años de ser investigada, la exalcaldesa Susana Villarán confesó que las empresas Odebrecht y OAS financieron la campaña del NO, para evitar su revocatoria. Según su versión, recibió 3 millones de dólares, aunque la Fiscalía sostiene que en realidad fueron 10 millones de dólares.

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