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La libertad de expresión y opinión no requiere permiso de nadie
«Si nos quitan la libertad de expresión y opinión, entonces como mudos y silenciosos podemos ser guiados como borregos al despeñadero, esto no puede suceder porque va contra nuestros derechos».
Los periodistas sabemos que la libertad de expresión y opinión son derechos reconocidos por nuestra Constitución, así como por los principales instrumentos internacionales sobre DDHH como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19º) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13º), las mismas que fijan un amplio marco de protección y que resultan de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano.
En este mismo sentido, diversas instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos vienen promoviendo activamente su vigencia. Una de ellas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Federación de Periodistas del Perú, han venido precisando sus alcances, promoviendo su protección y celebrando acuerdos y declaraciones, el respeto e importancia de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión realizada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994.
Algo fácil de deducir que los intolerantes y guaripoleras no permiten y amenazan con querellas, no soportan la libertad de expresión y opinión de la gente que desprecian. Sobre este punto, Human Rights Watch añade: “la libertad de expresión es un referente: cómo una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general.”
Este derecho apuntala muchos otros, como el de libertad de culto, asamblea y la capacidad para participar en asuntos públicos. Pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes gritar falsamente “fuego” en un teatro lleno de personas, al causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión que no están protegidas incluyen la pornografía infantil, perjurio, calumnias, chantajes, incitación al odio y la violencia.
El “oenegero” Gustavo Gorriti en octubre 2019, sostenía públicamente que la difamación no debía ser un delito porque eso criminaliza la investigación periodística. Sin embargo, hoy pretende que la periodista de investigación Jenny Zúñiga le pague 300 mil soles por decir que la ONG IDL es cuestionada por sus exoneraciones tributarias respecto a los millones de dólares que maneja.
Pone como “fundamento” de su querella sus logros profesionales, como prueba de su supuesta imparcialidad, y que es un hombre de prensa que denuncia a quien sea, sea cercano o no a su línea política. ¡Esto, nadie se lo cree, por una serie de manejos de información privilegiada sobre los casos Lava Jato, que dejan mucho que desear, especialmente cuando se trataba del “lagarto” Vizcarra.
Otros supuestos argumentos de Gorriti son publicaciones en Facebook y el libro “Yo conocí al monstruo por dentro”, donde se informa que IDL no paga impuestos normalmente por estar en un régimen especial de cooperación internacional. Según el periodista, esto es afán difamatorio. Y de difamatorio, no tiene nada, a otro perro con ese hueso.
La libertad de expresión y opinión no tendría ningún valor si sólo la disfrutaran los que opinan aquello que cualquiera considera justo y razonable. Por ser la libertad de opinión el primer fundamento de la persona, para el libre desarrollo de las ideas y para la existencia de un debate democrático, ella sólo tiene sentido cuando hasta las opiniones más absurdas, más chocantes y más ofensivas gozan de libertad. Por la simple razón de que, si no fuera así la proclamación de ese principio de libertad de opinión sería superflua.
La libertad de expresión opinión es indivisible, pese a quien le pese; ella cesa de existir apenas se le colocan limites, no importa que móviles persiga, no importa qué identidad posean las víctimas de esa libertad, no importa bajo qué condiciones se ejerza. No hay censura que pueda defenderse intelectualmente y además ninguna es eficaz. Lo demás, son cojudeces.
Mi solidaridad con la colega Jenny Zuñiga, querellada por Gustavo Gorriti, quien pide 300 mil soles como reparación. Mientras yo viva seguiré diciendo mi punto de vista divergente, seguiré defendiendo la libertad de expresión y opinión, porque se ejerce en base al precepto constitucional y para expresarla no hay que pedir permiso a nadie. En su libro «YO CONOCÍ AL MONSTRUO POR DENTRO» no hay nada turbio.
Existe un Informe periodístico de antaño que pone en entredicho absolutamente toda la trayectoria del “héroe” la libertad de prensa, Gustavo Gorriti. Desde este portal de noticias nos hemos quedado sumamente sorprendidos al hallar archivos e información muy valiosa de la ‘Revista Gente’ referente al periodista Gustavo Gorriti y su presunto modus operandi en Perú y Panamá. Lea usted con atención este artículo publicado en dicho medio de comunicación y saque sus propias conclusiones. La única pregunta que nos tenemos que hacer: ¿este es el héroe de la libertad de prensa?
http://archivos2gente.tripod.com/1330/gorriti.html
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