En Chile privatizaron todo y aquí pretenden hacer lo mismo

Aquí en nuestro país quieren privatizar las pocas empresas que queda en manos del Estado.

Hace poco el gobierno de Vizcarra aprobó el Decreto Supremo N.° 214-2019-EF, publicado en El Peruano el 13-07-19, donde se establece el nivel de participación de la empresa privada en el accionariado de las empresas del Estado. En el artículo 3ero del indicado Decreto Supremo  se precisa que se puede privatizar  hasta el 30 % del capital de las empresas del Estado.

Con una participación mínima de 20 % en el capital de una empresa, se tiene una influencia significativa para la toma de decisiones.

Dentro de sus planes está el de privatizar el agua. Si dejamos que la privaticen, sus tarifas se elevarán de la misma manera que ocurrió con la energía eléctrica, los teléfonos, la gasolina y el gas.

Como ya no pueden continuar privatizando las empresas del Estado, porque quedan muy pocas, ahora están concesionando actividades propias de la gestión del Estado. Pero la concesión es otra forma de privatización, porque se le entrega al privado la administración de los servicios del Estado por 30 y hasta 40 años.

Así tenemos el caso de los peajes, los mismos que fueron concesionados a las empresas corruptas brasileñas por 30 y hasta 40 años, lo cual ha traído como consecuencia la elevación sideral de los peajes, con las consiguientes protestas de la población.

También pretenden privatizar los hospitales públicos. Piensan ensayar primero con cuatro (4) hospitales.

Responsables los gobiernos de turno, pues descuidaron y descuidan la salud pública. El Estado, a través de los gobiernos de turno, se ha desentendido de todas sus obligaciones, destinando menores partidas presupuestales en Educación; Salud; viviendas; atención de los niños, ancianos y mujeres; etc.

El problema de la privatización, es que sus tarifas se incrementan exorbitantemente. Esto ya lo hemos vivido y seguimos viviendo.

La política económica neoliberal aplicada por el dictador Pinochet  que trajo como consecuencia la privatización de sus empresas y servicios, incluida las pensiones, educación  y el agua,  ha sido el detonante para estas protestas masivas en Chile.

El  pueblo chileno está exigiendo una nueva constitución.

Como se aprecia los problemas chilenos coinciden con los nuestros, y si a esto le agregamos el aumento de los peajes corruptos; los empresarios que corrompen están libres, ahí tenemos a todas las empresas corruptas del Club de la Construcción, encabezados por la empresa Graña y Montero, propiedad de la inefable familia Miroquezada; deficiente infraestructura vial; muchos pobres que habían dejado de ser pobres están volviendo a esa condición; tenemos una economía informal que representa más del 70 % de nuestra economía, lo que trae como consecuencia el subempleo; se está incrementando el desempleo; y un largo etc.

Conclusión, están dadas las condiciones para un estallido social en nuestro país.

Si queremos evitar este estallido social, tenemos que paralizar las privatizaciones y cambiar el mamotreto de Constitución que tenemos, impuesta por la dictadura de Fujimori.

La Constitución de Fujimori, aprobada fraudulentamente en su Congreso Constituyente Democrático (CCD), permitió aplicar la política económica neoliberal, privatizar las empresas del Estado e impedir que el Estado incursione en actividades empresariales. Los “neoliberales criollos” generalizaron la corrupción en el Estado.

Deberá convocarse una Asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución que sin ser estatista permita que el Estado participe en actividades empresariales con la finalidad de regular el mercado, para lo cual debería trabajarse sobre la base de la Constitución  de 1979, que fue considerada como una de las Constituciones más avanzadas  de América Latina.