Por presuntos actos de corrupción, anulan licitaciones públicas por 113 millones de soles en Piura

Gobernador regional y funcionarios de Piura en la mira.

*El Informe de Supervisión de OSCE puso en evidencia las anomalías del proceso.

Piura, 29/03/2025.- Un escandaloso hecho de presuntos actos de corrupción han obligado a anular el proceso de licitación para la ejecución de dos importantes obras en el departamento de Piura por un millonario monto de más de 110 millones de soles.  Se trata de la  Licitación Pública N.º 01-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 que abarcaba los proyectos “Mejoramiento del drenaje pluvial (CUI 2606861) y la recuperación de vías urbanas (CUI 2606882)”, ambas por el monto de  S/ 113 millones de soles. Dicha licitación fue anulada  mediante el  oficio N.º 186-2025, emitida el 28 de marzo de 2025, con el cual el gobierno regional Piura declaró la nulidad del proceso.

La gestión del gobernador Luis Neyra león se vio obligada a tomar esta decisión a raíz de un informe del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que detectó violación a la ley y a las bases del concurso, revelando indicios de un proceso potencialmente direccionado y poco transparente.

El medio de comunicación virtual “Noticias Piura”, puso al descubierto al acceder  en exclusiva a los documentos oficiales que sustentan la anulación. El Informe de Supervisión de Oficio N.º D000114-2025-OSCE-SPRI (14 de marzo de 2025) expone punto por punto las anomalías. Entre ellas destaca una cláusula irregular en las bases: se exigía que el porcentaje de gastos generales ofertado por los postores no sea menor al 95% del estimado por la entidad en el expediente técnico​.

En otras palabras, la propia entidad impuso un límite mínimo extremadamente alto para los costos indirectos o gastos generales en la propuesta económica de los contratistas. Este requisito no está contemplado por la Ley de Contrataciones y contraviene las Bases Estándar de licitación de obras, así como los artículos 73 y 74 de su Reglamento, que prohíben imponer condiciones que restrinjan la libre competencia en la presentación y evaluación de ofertas​

Funcionarios expertos señalan que una restricción de este tipo inflaría artificialmente los costos y podría orientarse a favorecer a determinado postor, vulnerando flagrantemente los principios de concurrencia e igualdad de trato entre proveedores.

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IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN

Las observaciones recaen directamente sobre el comité encargado de la licitación, conformado por:

JUNIOR ALEXANDER CÉSPEDES ESPINOZA (Presidente titular)

JUAN CARLOS MURILLO SÁNCHEZ (Miembro titular)

MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO (Miembro titular)

CÉSAR STEVE PEREDA MEDINA (Presidente suplente)

GUILLERMO HUANCAS RIOFRÍO (Miembro suplente)

EDWIN EDUARDO ZAPATA CORREA (Miembro suplente)

Este comité aprobó bases de licitación que vulneraron los artículos 73 y 74 del Reglamento de Contrataciones del Estado, estableciendo condiciones arbitrarias que limitaron la libre competencia, como la imposición ilegal de gastos generales mínimos del 95%, según reveló el informe del OSCE.

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OMISIONES GRAVES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FALTA DE TRANSPARENCIA

El OSCE también descubrió omisiones escandalosas en el expediente técnico publicado en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Documentos obligatorios para cualquier licitación de obras no fueron publicados, privando a los potenciales postores de información esencial. Por ejemplo, no se incluyó el Calendario de Avance de Obra Valorizado, que detalla el cronograma de ejecución con sus respectivos costos por periodo. Tampoco se difundió el Programa de Ejecución de Obra (metodología CPM), ni el Estudio de Gestión de Riesgos del proyecto, exigido por la Directiva OSCE N.º 021-2017, donde se identifican y asignan riesgos previsibles de la obra. La ausencia de estos insumos clave impedía a las empresas concursantes conocer la planificación real de los trabajos, sus etapas y cómo se manejarían eventualidades, dejando un preocupante manto de opacidad sobre el proceso.

Adicionalmente, el órgano supervisor halló información inconsistente y contradictoria dentro de los documentos que sí fueron publicados. El presupuesto oficial de la obra presentaba discrepancias en los montos frente a las cantidades detalladas en los metrados (volúmenes de obra)​.

En otras palabras, las cifras de algunas partidas no cuadraban entre el cómputo métrico y el costo asignado en el presupuesto, evidenciando errores o manipulaciones en la elaboración del expediente. Incluso se detectaron errores aritméticos en la llamada “fórmula polinómica”, fórmula empleada para reajustar precios en función de la inflación de insumos donde las sumas de coeficientes no daban la unidad, como exige la normativa​.

Estas incongruencias y omisiones violan el principio de transparencia que debe regir toda contratación pública​, pues dificultan la verificación independiente de la información y siembran dudas sobre la integridad técnica del proceso de selección.

El conjunto de irregularidades identificadas es de tal gravedad que OSCE concluyó que se habían incumplido normas esenciales de la contratación pública.

Según el informe, la entidad regional vulneró los artículos 29 y 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones​, los cuales obligan a formular expedientes técnicos completos, con especificaciones precisas y todos los documentos de soporte antes de convocar un proceso de selección. Al omitir documentos fundamentales y establecer condiciones arbitrarias en las bases, la licitación de Piura quebrantó también principios básicos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, como la Libre Concurrencia, Transparencia y Competencia, que buscan garantizar igualdad de oportunidades y prevenir direccionamientos en las compras públicas.

OSCE EXIGE ANULACIÓN Y RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS DEL GORE PIURA

Frente a este panorama, el OSCE actuó con firmeza. En su informe de supervisión advirtió que correspondía anular el proceso licitatorio en su totalidad y retrotraerlo a la etapa de convocatoria para corregir los vicios detectados​. Textualmente, el dictamen del organismo supervisor recomendó al titular de la entidad (es decir, al gobernador regional Abog. Luis Neyra) “declarar la nulidad del presente procedimiento de selección” y reiniciar la licitación desde cero, cumpliendo con la normativa.

Solo así señalaba OSCE se podría garantizar un proceso limpio y competitivo, eliminando las barreras y subsanando las deficiencias en la documentación​. Inicialmente, sin embargo, el gobernador Luis Neyra León se mostró reticente a acatar estas recomendaciones. El 18 de marzo, increíblemente Neyra declaró públicamente que la obra “iba sí o sí” pese a los hallazgos, acusando al OSCE de entorpecer el avance de Piura por “formalismos”​ .

Esta desafiante posición del gobernador generó alarma, pues implicaba desoír a la autoridad supervisora y seguir adelante con una licitación viciada, poniendo en riesgo la legalidad y el correcto uso de fondos públicos. No obstante, ante la contundencia de las observaciones y posiblemente temiendo consecuencias legales el Gobierno Regional finalmente cedió a la nulidad del proceso.

La Resolución N.º 186-2025 firmada por Neyra oficializó la anulación de la Licitación 01-2025​, dando marcha atrás al proceso a pocos días de la adjudicación programada. Paralelamente, las miradas se han posado sobre los funcionarios responsables de armar este expediente técnico plagado de falencias. En particular, el Ing. Wilmer Rafael Eche Bereche, quien ocupaba el cargo de Director de Programa Sectorial IV (Dirección General de Construcción) de la Gerencia Regional de Infraestructura, es señalado por fuentes internas como quien aprobó o supervisó el expediente técnico cuestionado.

Coincidentemente y significativamente el gobernador Neyra retiró a Eche Bereche de dicho cargo semanas antes de la anulación: mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 041-2025, del 31 de enero de 2025, se dio por concluida la designación de este funcionario en la Dirección de Construcción. Aunque la resolución invoca la fórmula protocolar de “agradecer por los servicios prestados”, esta remoción repentina refuerza las sospechas de responsabilidad funcional en las irregularidades detectadas.

¿Acaso el Gobierno Regional intentó sacudir el agua despidiendo discretamente al responsable técnico, una vez que las falencias salieron a la luz?

CORRUPCIÓN EN LA MIRA: EXIGENCIA DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES PARA FUNCIONARIOS DEL GORE PIURA

El caso configura un verdadero escándalo de contratación pública en Piura. Una licitación millonaria para obras vitales terminó anulada por vicios que apuntan a posibles actos de corrupción dentro de la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo la gestión del gobernador Neyra.

La combinación de requisitos arbitrarios que limitan la libre competencia y expedientes incompletos que ocultan información sugiere un intento de direccionar la buena pro, es decir, favorecer a cierto postor o cartel de empresas. Expertos en contrataciones estatales consultados señalan que estas prácticas suelen emplearse para encubrir sobrecostos o pactar ventajas a espaldas del interés público, atentando contra la correcta administración de los recursos del Estado.

La propia resolución que anula la licitación dispone que la Gerencia Regional de Infraestructura remita todos los actuados a la Secretaría Técnica competente, para que se investigue y determinen las presuntas faltas administrativas o funcionales cometidas​

Cabe indicar que el expediente técnico fue aprobado por el gobierno regional Piura, a través de la Gerencial Regional de Infraestructura con una inversión de más de 69.5 millones de soles. De otro lado, la población piurana exige la intervención de la Contraloría General de la República  para dilucidar si, más allá de las responsabilidades administrativas, existen responsabilidades penales por colusión o fraude al Estado.

Centro histórico de Piura.