La justicia peruana prohíbe la salida de Martín Vizcarra del país

Destitución de Martín Vizcarra y la posesión de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió la Presidencia del país el martes (10), desencadenaron manifestaciones.

La justicia peruana prohibió este viernes (13) al ex presidente Martín Vizcarra de renunciar al país en el plazo de 18 meses, bajo denuncias de que habría recibido propina para autorizar obras públicas cuando era gobernador de Moquegua en 2014.

La destitución de Vizcarra y la posesión de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió la Presidencia del Perú el martes (10), desencadenaron manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de Heridos por la represión policial, condenada por organizaciones de Derechos humanos.

«Se Determina el impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra; a medida que tendrá una duración de 18 meses», anunció la jueza María Álvarez en audiencia a petición de la Fiscalía, que investiga las denuncias de que el ex presidente recibió 600.000 dólares en propina para dar luz verde a obras públicas cuando era gobernador.

«Ya hablamos que nos quedaremos en el país», afirmó Vizcarra, quien niega las acusaciones y cuestiona la legitimidad del gobierno de Merino. «Tenemos la verdad que nos apoya».
El Congreso destituyó Vizcarra por «incapacidad moral» el lunes (9), no cierre de un segundo juicio político contra el ahora ex presidente en menos de dos meses.

Protestas en el país

Desde el martes, miles de personas fueron a las calles de Lima y otras ciudades en defensa del político sin partido o banco en el Congreso, pero bastante popular, y para protestar por la posesión de Merino.

En medio de una nueva manifestación el jueves, un grupo de personas que trató de llegar al Congreso se enfrentó con piedras y palos a la policía, que dispersó a la multitud con bombas de gas lacrimógeno y disparos de bala de borracha. Después de los incidentes, las personas fueron arrestadas y otras resultaron heridas.

La indignación aún estaba viva este viernes, cuando cientos de jóvenes marcharon desafiante a la residencia del primer ministro, Antero Flores-Aráoz, en Lima, pero terminaron impedidos de continuar por un bloque policial.

La represión del jueves provocó indignación de los órganos de Derechos humanos.

La Defensoría del pueblo del Perú exigió «cesar inmediatamente el uso de gas lacrimógeno y disparos de bala de borracha contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse».

«Son muy preocupantes los relatos de uso excesivo de fuerza por parte de la Policía del Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar», criticó en Twitter José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.