Empresa consorciada con Odebrecht demanda al Estado peruano por el Gaseoducto del Sur

El día lunes 1-04-19 se publicó en el diario Expreso los comentarios del Ex Presidente de Petroperú y experto en hidrocarburos, César Gutiérrez. Se transcriben los comentarios del experto y los agregados del diario:

• El Perú perderá el arbitraje internacional por el Gasoducto del Sur, lo que significará una pérdida de más 2 mil millones de dólares, al recordar la demanda que interpuso ENAGAS, propietaria del 25 % de acciones del consorcio Gasoducto del Sur Peruano (GSP), integrado por Odebrecht, en un 55 %, y Graña Montero, con un 20 %, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Además, explicó una de las razones que aumenta la probabilidad de la derrota peruana: el Decreto de Urgencia 001 -2017, suscrito por Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros Fernando Zavala, como premier; Alfredo Thorne, como titular de Economía, y Gonzalo Tamayo, de Energía Minas.

Esta norma se publicó justo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo para la caducidad de la licitación del proyecto del Gasoducto del Sur, lo que significaba que el consorcio GSP debía abandonar el terreno y llevarse sus equipos.

• El Decreto además encargó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la contratación de la empresa que tenía a su cargo la administración, en representación del Estado Peruano, de los bienes de la concesión.

Con esa resolución, se reconoce, añade Gutiérrez, un valor a los bienes que dejaba el concesionario, pues la otra posición era que, terminada la concesión, el consorcio se debió llevar sus equipos y bienes y licitar el proyecto de nuevo.

Se debe indicar que en abril de 2017, el comité encargado del proceso de selección otorgó la buena pro para custodiar y administrar por un año los bienes del gasoducto a la colombiana Estudios Técnicos S.A.S. que presentó una oferta económica de US$ 46’899,003; Gutiérrez señala que con el gobierno de Martín Vizcarra ya se renovó el contrato.

• Posteriormente el gobierno cambia de posición y dice que el consorcio debe retirar sus bienes.

Esta situación generó el rechazo de la española ENAGAS que inició un trato directo con el gobierno, como paso previo a llevar el tema en arbitraje al CIADI.

• Para César Gutiérrez, no solo hay una responsabilidad política por la esperada derrota en el CIADI por parte del entonces presidente Kuczynski, de su jefe de Gabinete, Fernando Zavala, y de sus ministros de Economía, Alfredo Thorne, y de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

También hay una responsabilidad penal, pues, a decir de Gutiérrez, se configuraría la figura de negociación incompatible.

Teniendo en cuenta que existiría perjuicio económico, pues el Estado perdería más de 2 mil millones de dólares, es necesario que la Contraloría General de la República (CGR) intervenga de oficio para deslindar las responsabilidades del caso.

Siendo la función principal de la CGR supervisar el correcto uso de los fondos públicos, es su obligación intervenir, pues el Estado perdería 2 mil millones de dólares, que son fondos públicos.

La acción de control de la CGR, permitiría conocer, también, las irregularidades que se dieron en la adjudicación del Gasoducto del Sur, que en su oportunidad fueron denunciadas por el otro postor (Gasoducto Peruano del Sur)

En la adjudicación del Gasoducto del Sur, estoy convencido que hubo sobornos (coima), pues era una política de Odebrecht «coimear » para adjudicarse las Obras.

Las empresas  consorciadas, ENAGAS y Graña y Montero, también aportaron para pagar la «coima», teniendo presente que en su oportunidad Barata manifestó, que las empresas consorciadas con Odebrecht, también aportaban para pagar los sobornos.

Algo más, la Obra del Gasoducto del Sur tiene una clausula anticorrupción, donde se establece que si se comprobaran actos de corrupción, los bienes del Consorcio pasarían al Estado.

El Congreso, que no conoce sus atribuciones, puede a través de la Comisión de Fiscalización exigir a la CGR que investigue de oficio la Obra del Gasoducto del Sur. También puede exigirle que programe acciones de control a las diversas obras ejecutadas por Odebrecht y sus consorciadas; a las obras ejecutadas por las otras empresas brasileñas;  y a los integrantes del Club de la construcción.

La Comisión Lava Jato de la Fiscalía de la Nación, presidida por el fiscal Vela Barba e integrada, entre otros, por el fiscal Domingo Pérez, debería de inmediato investigar la Obra del Gasoducto del Sur, cuyo costo inicial fue de un mil millones de soles y terminó costando siete mil millones de soles. De igual manera deberían proceder a investigar las 66 obras restantes ejecutadas por odebrecht y las obras ejecutadas por otras empresas.

La procuraduría del inefable Jorge Ramírez, debería solicitar al fiscal Vela Barba que preside la  Comisión Lava Jato que de inmediato proceda investigar la Obra del Gasoducto del Sur.

Se aprecia una lentitud y una pasividad de las entidades del Estado (CGR, Fiscalía de la Nación, Procuraduría  y Congreso de la República) para recuperar los miles de millones de soles que nos han robado y que nos siguen robando por actos de corrupción  y para sancionar a los responsables.