Apostando por una Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

Por Guillermo Molinari Palomino y

Miguel Ángel Tamayo Taype

En los próximos días estaremos asistiendo a la aprobación del Proyecto de Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (CONACED) y en el deseo de aportar para que  la creación del CONACED enfatice en el reconocimiento y el desarrollo de las capacidades de los educandos para aprender a lo largo de la vida, muchas de ellas vinculadas al mercado laboral,  y cuyo desarrollo de dichas capacidades puede realizarse por cualquier ruta de aprendizaje; quisiera realizar las siguientes precisiones y recomendaciones:

En primer lugar, es importante reconocer el esfuerzo plasmado en esa iniciativa de Ley, de lo que debe atender el modelo de acreditación y certificación de la calidad educativa en nuestro país, frente a lo que se viene operando  con el modelo actual, a cargo del SINEACE. No obstante lo anterior, creemos que hace falta y es necesario  que la Iniciativa en referencia incluya otros aspectos fundamentales,   como los que a continuación señalamos con fines de enriquecerla y que favorezca a la gestión institucional en el mejoramiento de la calidad educativa.

Aspectos Generales

Debemos pensar que la acreditación de instituciones, de planes y programas educativos, así como de la certificación de competencias de las personas, son al fin y al cabo,  instrumentos de la política económica y social en manos del Estado para lograr los propósitos superiores de la nación , y que lo diferencia a estos instrumentos de  lo que se aplica  en otros países es, precisamente, que dichos instrumentos respondan y se alineen a los  propósitos u objetivos nacionales, en este caso,  a lo que el Perú aspira y quiere lograr , pero  a partir de un diagnóstico de los déficits e ineficiencias del sistema educativo nacional. La iniciativa de Ley debe ser clara en cuanto a lo que se quiere lograr con los instrumentos de la acreditación y la certificación en la educación , por lo que es necesario precisar que es lo que define a la calidad educativa (pertinencia con las necesidades sociales, pertinencia con las necesidades de capital humano que requiere el  aparato productivo nacional, de flexibilidad de los planes y programas, entre otros), para orientar la actuación de la figura a crear con la nueva Ley, la del CONACED.

Miguel Tamayo Vargas y importante aporte a la Ley

Objeto de la ley

En consecuencia, esta ley deberá dar respuesta a una agenda nacional  de formación y reconocimiento de capital humano certificado y que esté alineado al logro de los  objetivos superiores de la nación, el buscar mejores niveles de bienestar a la población, de crecimiento económico, de competitividad nacional, de creación de empleos, entre otros

Es claro que la propuesta de Ley en referencia, debe ser explícita, a la realidad educativa nacional, por ejemplo,  al colectivo poblacional que aprende en las comunidades, en las empresas, en la vida misma, y del grueso de la población que actúa en la informalidad laboral.  ¿Cómo podrá otorgarse el reconocimiento   oficial (certificación) de los  saberes y aprendizajes,  de estos colectivos? En este sentido la Ley debe considerar el segmento de la educación comunitaria, de escuelas multigrado, de educación indígena, que es la que requieren  de mayor atención,  y por supuesto sin descuidar tampoco las rutas de aprendizaje de la vía formal u oficial. Necesitamos una Ley que responda a revertir  los rezagos históricos de esa población que ha sido excluida por los deficientes procesos democráticos a través de nuestra historia.

Mejor calidad en los colegios y estudiantes

Pensar que la certificación de las personas (egresadas de los diferentes niveles educativos) incidirá en la mejora de la calidad educativa, resulta insuficiente. Ello porque así como lo tiene concebido el SINEACE y que  ahora se plantea nuevamente  que se ejecute a través del CONACED. Concebirse así la aplicación de éste instrumento en  cuestión,  hace que únicamente se convierta en un filtro adicional a la formación académica y que  en nada incide en la mejora de contenidos,  formación docente, pertinencia formativa, entre otros aspectos importantes de la buena práctica educativa. Por ejemplo, deberá  considerarse  por una parte, la certificación de los docentes, de los trabajadores de las instituciones educativas en los procesos claves, entre otros; y por otra parte, también tomar en consideración  la certificación de los alumnos que abandonan tempranamente la institución educativa, y que en nuestro país es uno de los más altos de la región.

Es importante precisar que son múltiples las funciones que se le encarga al CONACED. Promueve, aprueba, impulsa, regula, evalúa la calidad (debe indicar que es  lo que medirá), informa, supervisa, sanciona, monitorea, es decir es legislador, juez y parte, y además sanciona, pero no señala un aspecto clave para conseguir la mejora de la calidad, la retroalimentación hacia el interior de la gestión de las escuelas, institutos, universidades,  de los resultados obtenidos de las mediciones de la acreditación y la certificación.

Debe considerar la participación efectiva de los sectores productivos, de servicios y de la sociedad civil, para  que el modelo que promoverá el CONACED  sea un modelo de DEMANDA y no un modelo de OFERTA  (que tanto daño a hecho a la pertinencia de la educación). De esta manera la construcción de los estándares responderá a las empresas productivas y de servicios, empleadores, cámaras de comercio e industriales, entre otros.

En cuanto a la Acreditación:

La Ley debe mencionar que la Acreditación deberá buscar que los planes y programas educativos tengan como resultados lo que la sociedad requiere y que además permita   garantizar el  cumplimiento de la promesa que la institución educativa ofrece a los estudiantes que ingresan a sus instalaciones o sistemas.

Es preciso brindar a la sociedad, y de manera especial a los usuarios del servicio educativo de educación del tipo superior, esquemas de información y parámetros de comparación que permitan diferenciar el servicio educativo que prestan las instituciones educativas en las que pretenden cursar estudios. Si bien la acreditación es voluntaria, debe también ayudar a las instituciones educativas en estímulos económicos y fiscales y asimismo en sus trámites de reconocimiento de planes y programas con valor oficial y otros.

En cuanto a la Certificación:

Es fundamental que no se diferencie la certificación laboral de la certificación de la formación académica de los egresados. Ello va a ayudar al reconocimiento de los saberes efectivos, que permita el reconocimiento de los saberes tanto provenientes del aula como fuera de ella.

Es recomendable pensar en crear un Sistema Nacional de Competencias a cargo del CONACED, y que participen en el gobierno de éste, aparte del Educativo y del Trabajo, otros Ministerios como el de Salud, de Agricultura, de Producción, y representantes de los sectores productivo y social, entre otros.

La  certificación de competencias, debe ser un instrumento de política social  económica del estado peruano   para (OECD):

• Proporcionar medidas cuantitativas del éxito de las políticas educativas.
• Hacer de las autoridades nacionales, locales y subsistemas educativos más responsables
• Incrementar el control de la educación en los niveles donde esté relativamente débil
• Para atender los desafíos de competitividad de la economía.

Finalmente la ley de la Calidad Educativa tal y como lo señala en su artículo 2 sobre la Finalidad de la Ley , “que se debe tener a la persona como centro del proceso y del sistema educativo”, debe significar que el espíritu de la Ley y la consideración del Legislador, deberán  buscar que los instrumentos  de  la acreditación y la certificación favorezca  a los estudiantes, a los trabajadores, a la población en general, para que tengan mejores herramientas para enfrentar con éxito los desafíos de la vida moderna,  y a través de éstos, hacer que nuestra economía sea más competitiva.

En estos momentos existe una gran  preocupación de los países miembros de la OECD respecto a sus sistemas de calificaciones, que buscan reformar estos sistemas a la luz de los desafíos de competitividad en sus economías frente a la  globalización  y principalmente para:

• Alentar a que la gente vea a la calificación (certificación) como un proceso que continúa a través de la vida adulta y no como algo asociado a la educación y capacitación inicial.
• Mejorar oportunidades de movimiento y progresos entre diferentes tipos de calificaciones, en especial la general y la vocacional, y entre calificaciones de diferentes sectores ocupacionales.
• Alentar el aprendizaje informal, y mejorar las oportunidades para que la gente lo utilice para obtener calificaciones reconocidas oficialmente y por el sector productivo.

Muchos de los aspectos señalados en caso no se atiendan en la Ley, deberá considerarse en su reglamentación, para mejorar la calidad educativa y para que la sociedad viva mejor.