Líder católico en EEUU acusado de mala gestión de casos de chantaje sexual

El cardenal que lidera la respuesta de la Iglesia Católica de los Estados Unidos al abuso sexual habrá permitido a un vicario regresar al ministerio en una diócesis diferente después de la denuncia.

El cardenal que dirige la respuesta de la Iglesia Católica de los Estados Unidos al abuso sexual está siendo acusado de mala gestión de un caso en el que su vicario general habría coaccionado a una mujer para una relación sexual.

Las denuncias publicadas por la Agencia de noticias Associated Press (AP) contra el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Daniel DiNardo, tienen lugar a una semana de la presidencia de una reunión de obispos norteamericanos para adoptar nuevas medidas de responsabilidad en caso de abuso sexual.

La mujer, Laura Pontikes, dijo que DiNardo le agradeció por presentar la denuncia en abril de 2016 y la llamó «víctima». Sin embargo, el cardenal permitió que el vicario general, Monseñor Frank Rossi, regresara al ministerio en una diócesis diferente.

La Arquidiócesis sostuvo que la relación fue consensuada, que Rossi completó un programa de «renovación», declaró falsas algunas de las acusaciones, criticó los artículos de la AP y aseguró que la mujer había hecho demandas financieras.

Este martes, el nuevo obispo de Rossi lo puso en licencia temporal, después de que AP enviara preguntas sobre una investigación policial en curso.

Según la investigación periodística de la AP, Pontikes buscó en 2007 el consejo del Vicario General de la Archidiócesis de Galveston-Houston, durante un período difícil de su vida.

La mujer afirma que Frank Rossi la presionó, así como a su familia, pidiendo millones de dólares en donaciones, y que en 2012 comenzaron una relación sexual mientras se reunían para asesoramiento espiritual.

Los responsables de la Iglesia emitieron un comunicado en el que aseguran que el cardenal actuó «de forma rápida y justa» ante las acusaciones hechas.

En la nota se subraya que DiNardo accedió a no transferir a Rossi a su archidiócesis y se acusa a la AP de publicar «reportajes no profesionales, tendenciosos y unilaterales», y afirma que algunos comentarios atribuidos a DiNardo por Pontikes y su marido, George, son «una fabricación absoluta».

Por otra parte, se afirma que Pontikes exigió 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) de la Archidiócesis.

Laura Pontikes reconoció que había hecho esa petición en un ataque de ira, pero dice que quedó claro desde el principio que no estaba interesada en una recompensa financiera.

La pareja y su abogado también le dijeron A AP que los detalles de la mediación, incluyendo cualquier negociación financiera, eran confidenciales.