Chile decide enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet

Empujado por la crisis social y política, el conservador Sebastián Piñera se abre a la posibilidad de un congreso constituyente.

Después de 24 días de crisis política y social, la mayor desde que la dictadura militar terminó en 1990, el Gobierno chileno de Sebastián Piñera se abrió para cambiar la Constitución de 1980, heredada de Augusto Pinochet, en un paso sin precedentes hacia la derecha en los últimos 30 años.

El anuncio fue hecho el domingo por la noche por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras una reunión encabezada por el presidente y en la que participaron altos representantes del bloque gobernante. No hay más detalles sobre cómo será el proceso, aunque el Ejecutivo está comprometido con un congreso constituyente, una amplia participación de los ciudadanos y un plebiscito ratificador. Si esto se hace realidad, será la primera vez en la historia que Chile tenga una Constitución debatida en democracia.

«Es un logro histórico. El fin de la transición a la democracia en lo que se refiere al aspecto constitucional, una gran deuda. La explosión social vivida en Chile desde el 18 de octubre puso esto en evidencia», comenta Javier Couso, un académico de la Universidad Diego Portales y profesor de la Universidad de Utrecht.

Para Tomás Jordán, que coordinó el proceso constituyente del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), «es la primera vez desde 1990 que la derecha se abre a una nueva Constitución, de modo que existe un consenso político de la derecha y de la izquierda por una nueva carta fundamental». «Es un cambio en la línea de la historia chilena», dice, porque será debatida en la democracia: «todas las Constituciones — las de 1833, 1925 y 1980 — fueron precedidas de guerra civil, ruido de sables o golpes de Estado».

Las protestas de 2011

El cambio de la Constitución comenzó poco a poco a ganar fuerza en la Sociedad chilena desde las protestas estudiantiles de 2011. Fue entonces cuando se pusieron de manifiesto las dificultades para cambiar ciertas leyes, debido al elevado quórum requerido, como la Ley Orgánica Constitucional de la enseñanza (LOCE) «muchos de los derechos sociales que se han debatido en la esfera pública en los últimos años — el aborto, la salud, la titularidad sindical, los derechos del agua — chocan con la Constitución», explica Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portais

Couso da un ejemplo: «la Constitución de 1980 establece cuestiones que se considerarían exageradas en otros países, como que la previsión social sea proporcionada por instituciones públicas o privadas, lo que confiere status constitucional a los administradores de fondos de pensiones (AFP).»Si una ley pusiera fin a este sistema [de capitalización individual en vigor desde 1981, [pionero en el mundo] y permitiera a un semejante al de Inglaterra, Alemania o España, alguien podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC)». Para el académico, el TC chileno actúa como una tercera cámara y durante 30 años ha permitido el poder de veto a la derecha: «es uno de los más poderosos del planeta», explica Couso.

En estos días de crisis, marcados por protestas masivas pacíficas y acciones de grupos violentos, El presidente Piñera y la mayoría de su bloque se mostraron a favor de reformas constitucionales. Fue en una entrevista con el PAÍS donde el presidente habló por primera vez de un cambio en la Constitución, aunque sólo en la noche de este domingo su ministro del Interior reveló la decisión del Gobierno, en medio de una compleja situación política y social que dejó 20 muertos — 12 por incendios, tres por atropello de autos y cinco por acción de agentes de las fuerzas de seguridad, lo que está siendo investigado.

Empujado por las protestas, que lo dejaron con un 13% de popularidad, y por las voces que de su propio sector clamaban por la superación de la Constitución de 1980 — como la del presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes —, Piñera tomó la decisión de abrirse al mayor cambio político de las últimas décadas.

Resistencias a una Asamblea Constituyente

El nudo está ahora en la fórmula: buena parte de los gobernantes resiste a una Asamblea Constituyente, la fórmula defendida por la oposición y los movimientos civiles. Hasta ahora, el Gobierno de Piñera no ha aclarado si sería este congreso o el elegido en 2021 el que tendría la función de cambiar la Constitución y si será el Ejecutivo el que enviará un texto que, tras pasar por el debate parlamentario, será ratificado por un plebiscito.

Para algunos especialistas, como Sergio Verdugo, Profesor Asociado de la Universidad de desarrollo (UDD), hay que tener cuidado con las altas expectativas suscitadas por las asambleas constitutivas: «las constituciones no pueden corregir problemas de salud o de previsión si no van acompañadas de políticas públicas bien proyectadas y que sean estables a lo largo del tiempo», alerta. Lo que hasta hace algunos años era una discusión académica y de la élite política se convirtió en una búsqueda social.

En la actualidad, varias investigaciones han puesto de manifiesto la importancia que ha adquirido el cambio en la Constitución. El reciente estudio del Núcleo Milenario en Desarrollo Social (Desoc), del Centro de microdatos de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de conflictos y cohesión Social (COES) ha demostrado que ocho de cada diez chilenos están a favor de una nueva Carta fundamental. La edición impresa de la Constitución de 1980 ha sido uno de los libros más vendidos del país en las últimas semanas. «Es sorprendente cómo ha aumentado el interés de los ciudadanos por una nueva Constitución», analiza Fuentes, autor del libro el Fraude: el Plebiscito de la Constitución de 1980.

«Fue el mayor fraude de la historia en Chile: un proceso convocado en septiembre de 1980 por Pinochet, con un mes de antelación, sin que hubiera censo electoral y con la oposición sin permiso para presentar su visión», explica el académico. Pero no se trata sólo de un problema de legitimidad de origen. Según Verdugo, «existen diferentes constituciones en el mundo cuyo origen no es democrático — como la del Japón o la de los Estados Unidos — y que han ganado legitimidad en el transcurso del tiempo». «En el caso de Chile, es una Constitución que divide, no que une a los chilenos, por lo que tiene un problema de legitimidad que no se refiere sólo a su origen.»

La de 1980 fue una Carta fundamental que entró en vigor sólo cuando se inició el primer gobierno democrático el 11 de marzo de 1990. Couso recuerda que su ideólogo, Jaime Guzmán-asesinado en 1991 -, señalaba: «si los adversarios llegan a gobernar, se sentirán obligados a seguir una acción no muy diferente de la que se anhelaría, porque — con el perdón de la metáfora — el margen de alternativas que el campo impone a los que juegan en él es lo suficientemente reducido como para hacer lo contrario extremadamente difícil».

Un día antes del cambio de Régimen, la dictadura decretó una decena de Leyes Orgánicas constitucionales que demandarían un quórum de tres quintos o dos tercios, cuando la mayoría de las iniciativas legales exige cuatro séptimos. Las llamaron leyes de amarre. El centro-izquierda tuvo las manos atadas y lideró una transición compleja: con Pinochet como comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y con las figuras de los senadores nombrados, como indicaba la Constitución, lo que no le permitía ejercer su mayoría política.

En 2005, en el gobierno socialista Ricardo Lagos (2000-2006), se eliminaron algunos de los enclaves autoritarios de la Carta Fundamental, como la inamovilidad de los comandantes-jefes de las Fuerzas Armadas o de los propios senadores designados. En el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), cerca de 200 000 personas participaron en los debates sobre una nueva Constitución, recogidos por un proyecto presentado al Congreso pocos días antes del cambio de gobierno en marzo de 2018. El ministro del Interior de Piñera anticipó que el trabajo del gobierno anterior se considerará en el proceso que se inicia en Chile.