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Congreso quiere tirarse abajo colaboración eficaz

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La presidenta Dina Boluarte guarda silencio ante ley que limita la colaboración eficaz: en boca cerrada no entran moscas…
El presidente del Congreso José Williams, ya remitió al Ejecutivo la autógrafa de ley cuestionada porque podría afectar los procesos de colaboraron eficaz. Ahora está en manos de la presidenta promulgarla u observarla.

Albricias!!! Algunos congresistas están dispuestos a retroceder sobre esta norma que limita colaboración eficaz: sabemos que otorongos no dan punta sin hilo… Por lo menos representantes de tres bancadas se han expresado a favor de realizar cambios a polémica ley, los legiladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Jaime Quito (Perú Libre). Ellos se muestran a favor de hacer correcciones a la norma que modifica el proceso de colaboración eficaz, la cuál ha sido cuestionada por la procuradora ad hoc del caso Lava Justo, Silvana Carrión y otros expertos en el tema.
Mientras los ex abogados del Estado César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia- a través de una carta- le advierten a la presidenta Boluarte que iniciativa del Parlamento generará “impunidad” frente al crimen organizado.
«Acortar plazos del proceso de colaboración eficaz a  8 meses para casos ordinarios de gran complejidad resulta un desproposito y una intención de convertir este mecanismo en inoperante». 
“La iniciativa no tiene otro propósito que favorecer a investigados como Luna Gálvez y atar de manos a los fiscales, porque solo les da 8 meses para concluir con los procesos de colaboración eficaz, cuya corroboración, cuando se  sabe, toma normalmente mucho más tiempo”.

La verdad es que, la mayoría tiene rabo de paja: 33 legisladores que votaron a favor de poner límites a colaboración eficaz tienen investigaciones fiscales??
No queda ninguna duda que está Ley del Congreso amenaza con tirarse abajo las colaboraciones eficaces de casos ligados al delincuente Pedro Castillo.
Resulta más que alarmante, una semana y media después de que el Congreso aprobara la norma que limita la colaboración eficaz, desde el gobierno no han sido claros al momento de pronunciarse sobre esta polémica iniciativa. Por ello, los ex procuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia, están preocupados por el silencio de la presidenta Dina Boluarte que ya debe de observar esta propuesta.
Así DINAmita lo firme o no, congresistas lo pueden hacer por insistencia: todo se puede esperar.
La autógrafa de ley realiza cambios al proceso de colaboración eficaz, a través de la modificación de los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal (NCP) y al artículo 409-B del Código Penal (CP).
Uno de los cambios es que el fiscal podrá reunirse con los postulantes a colaborador eficaz si es que su abogado/a está presente. Según la normativa vigente, esto se realiza con o sin la presencia de la defensa legal.
Asimismo, se propone que la declaración del postulante sea recibida por el fiscal, en presencia de su abogado y del fiscal superior coordinador o su adjunto. “Se realizará donde señale el fiscal y se registrará además del acta, en un medio audiovisual que se conservará hasta su remisión junto con los actuados al juez”, se lee en la autógrafa.
Por otra parte, se prohíbe corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.
En cuanto al plazo, se propone que sea de máximo ocho meses, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación.
No obstante, por causas justificadas, el fiscal podrá prorrogar este plazo hasta por cuatro meses. En los casos de crimen organizado, la prórroga será hasta por ocho meses. Una vez cumplido el plazo, el fiscal procederá a remitir el acuerdo al juez para que lo apruebe o desapruebe, conforme a lo previsto en el artículo 477 del NCP.
La autógrafa de ley también establece que el fiscal provincial, superior o supremo a cargo de la investigación tendrá el deber de proteger el secreto de la totalidad del proceso de colaboración eficaz y el contenido de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores, todo ello bajo responsabilidad administrativa, civil y penal.
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