Se cumplen 20 años de incumplimiento del acuerdo firmado entre Estado y la CIDH

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.- Las organizaciones de víctimas del caso Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET – Casos CIDH) y junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciamos el pasado viernes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos por las violaciones a los derechos humanos en 159 casos, en el marco del Comunicado de Prensa Conjunto (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.

“En nuestra reunión le recordamos al Estado peruano que se comprometió hace más de dos décadas, en un proceso amistoso ante la CIDH, a reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El incumplimiento del Estado es continuo y genera en las víctimas una falta de confianza en la voluntad política del Perú de cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos”, afirmó Gloria Cano de APRODEH. Asimismo, la abogada indicó que, “ante los cambios que se avecinan en Perú por las elecciones presidenciales hoy exigimos que se trace un compromiso claro y efectivo para que el gobierno entrante pueda dar continuidad al presente acuerdo”.

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 159 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 20 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones con estos casos.

Respecto a la medida de investigación y sanción de los responsables, manifestamos el día de hoy que de conformidad a los datos presentados por el Estado, el 41% de los casos del Comunicado Conjunto han sido archivados. De aquellos casos con sentencia, el pago de reparaciones civiles no se ha hecho efectivo, hay órdenes de captura no implementadas y se continúan otorgando beneficios penitenciarios a personas sentenciadas.

También destacamos que existen retrasos en el cumplimiento de medidas en materia de vivienda, proyectos productivos e indemnizaciones económicas. A la fecha, continúa pendiente la formalización de las transferencias de los terrenos acordados para la reparación de 507 víctimas y sus familiares. Adicionalmente, las mesas de trabajo para el pago de indemnizaciones económicas han sido suspendidas desde el año 2015 y en la Reunión de Trabajo realizada en septiembre de 2020 el Estado peruano desconoció su obligación respecto al cumplimiento de esta reparación.

Como representantes que hemos dado seguimiento al caso por 20 años, también señalamos la reiterada falta de voluntad política del estado peruano. En efecto, a pesar de que el Estado asumió el compromiso de presentar un cronograma pormenorizado de las actividades a realizar por las distintas dependencias de gobierno involucradas en el cumplimiento de las medidas pendientes hace más de 2 años, éste no ha sido presentado.

Finalmente, instamos a la CIDH a dar un seguimiento cercano al cumplimiento de los casos del Comunicado de Prensa Conjunto mediante un mecanismo específico de supervisión, en reconocimiento al gran número de víctimas beneficiarias y el tiempo que ha transcurrido desde que el Estado peruano asumió estos compromisos. En este sentido, solicitamos el monitoreo del caso se vea reflejado en el informe anual de la CIDH.

• Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET – Casos CIDH)

.    Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

.    Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

.    Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)