ONG denuncia abusos sexuales en Cabo Delgado y critica el silencio

El Centro de Integridad Pública (CIP), ONG mozambiqueña, denunció hoy en un informe presuntos abusos sexuales de mujeres desplazadas en Cabo Delgado, norte del país, a cambio de ayuda humanitaria, considerando haber silencio del Gobierno y Naciones Unidas sobre el asunto.

«En todas las casas en las que entramos, decenas y decenas, en muchos barrios, esta pregunta siempre ha sido confirmada: en todas, las personas conocían este tipo de casos», dijo a Lusa el investigador Borges Nhamire, uno de los coautores de un informe sobre desplazados del conflicto de Cabo Delgado, publicado hoy.

Los supuestos abusos «son perpetrados por las autoridades locales, que tienen el poder de elaborar las listas de los desplazados que deben recibir los auxilios», se lee en el documento, según el cual, «a cambio de la inclusión en las listas, los líderes locales exigen favores sexuales de mujeres y niñas vulnerables».

La situación se detectó principalmente en los barrios de Pemba, capital de la provincia, y menos frecuentemente en la provincia de Nampula y en la Generalidad de los campos de desplazados, más organizados.

Según Borges Nhamire, las quejas que han sido hechas por los desplazados no han tenido consecuencias en el castigo de los infractores.

Por otro lado, el CIP dice que las organizaciones gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas han hecho del asunto «un tabú», en lugar de denunciarlo a la luz del día para que todos sean conscientes de una «tolerancia cero» para el abuso sexual.

«El asunto ha sido tratado como un gran tabú por las autoridades gubernamentales y las agencias de las Naciones Unidas que coordinan la asistencia a los desplazados en Cabo Delgado. El abuso de mujeres nunca se informó en los informes de las agencias de la ONU», se lee en la publicación del CIP.

Borges Nhamire señaló a Lusa que la cuestión se planteó a tres organizaciones de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de alimentos (PAM), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) «y no respondieron», ni sobre este tema, ni sobre otros, «y no es de la naturaleza de estas organizaciones no responder».

«Las tres optaron por el silencio: enviamos ‘emails’, cartas, hicimos llamadas telefónicas y nunca aceptaron responder. El tema está siendo tratado como tabú», detalló.

Si el tema no se trata abiertamente, los autores «pensarán que pueden, en la oscuridad, abusar de las mujeres y que no hay riesgo», advirtió, subrayando que el contexto local es de personas»que no conocen las leyes internacionales, ni los límites de lo que pueden o no hacer».

Nhamire reconoció que el contexto no es fácil.

Las autoridades «permiten que las ONG trabajen siempre que no vayan en contra de la buena imagen del Estado o de las instituciones gubernamentales» y «plantear este asunto pondría en tela de juicio la buena imagen. Por lo tanto, muchas personas no hablan de eso».

Sin embargo, «el silencio nunca es la mejor opción, porque el costo que tiene para la vida de las personas es muy alto», sobre todo para quien ya es víctima de un conflicto armado y que»no debe ser víctima dos veces».

Borges Nhamire consideró importante que el Gobierno haga «un trabajo de base», refiriéndose que está poco presente en Cabo Delgado, según detalla el informe:» hay autoridades locales y voluntarios», pero que»no tienen vínculo con la administración pública».

Las propias agencias humanitarias no tienen la autoridad para castigar a los prevaricadores, agregó.

Junto con las denuncias de abusos sexuales, el CIP también informa quejas de desvío de ayuda humanitaria por parte de los jefes locales.

Lusa intentó obtener reacciones por parte del Instituto Nacional de gestión de Calamidades (INGC) Mozambiqueño y de las Naciones Unidas En Mozambique al informe del CIP, pero, en ambos casos, eventuales declaraciones fueron remitidas para más tarde.

El informe de esa organización menciona en el título que los desplazados internos En Mozambique crecieron 2700% en dos años y que representan actualmente 1,4% de la población del país – 424.002 personas de una población total de 29 millones.

El conflicto armado en Cabo Delgado dura tres años, provocando entre 1.000 y 2.000 muertos, y algunos de los ataques de la insurgencia han sido reivindicados desde junio de 2019 por el grupo ‘yihadista’ Estado Islámico, siendo que el verdadero origen de la violencia continúa bajo debate.

Este año, las incursiones y la ocupación de aldeas durante algunos períodos se han agravado.

La diplomacia de la Unión Europea (UE) aseguró el miércoles «seguir de forma cercana» la ola de violencia en Cabo Delgado, indicando que elegirá en «próximos diálogos políticos» con el Gobierno mozambiqueño la ayuda a poner a disposición.