Abogado de Pedro Castillo promocionaba prostitución masculina y femenina

Raúl Eugenio Zaffaroni, abogado argentino que participa en la defensa de Pedro Castillo, presente un pasado ligado al sexo como mercancía. Primero se encontró prostíbulos funcionando en sus departamentos, y luego pidió apoyar la prostitución masculina.

En el 2009, la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, reconocida especialista en trata de personas, había acudido al procurador de la Nación gaucha, Esteban Righi, con información de más de 600 lugares donde se explotaba sexualmente a mujeres, pero el funcionario no quiso investigar al entonces promocionado Zaffaroni. «Direcciones de más de 600 prostíbulos y no hizo nada. Entres ellos, estaban los de Zaffaroni», dijo la diputada entonces.

En el 2011, los seis apartamentos del ya juez supremo salieron a luz. Él los alquilaba para proxenetas que incluso llevaban inmigrantes paraguayas, administrando un «Burdel VIP». Esto no se pudo ocultar, y la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió una solicitud para abrir juicio político. «En pleno barrio de Recoleta, sobre la avenida Santa Fe, y es un un prostíbulo VIP», fueron las acusaciones, incluso con videos y fotografías.

Zaffaroni era conocido como el magistrado de la Corte Suprema más cercano a los Kirchner, incluso asistiendo a eventos políticos del presidente de entonces, y era un equivalente a lo que en Perú sería César San Martín, cercano a Ollanta Humala en su momento, y luego ligado a los escándalos de Lava Jato y los «Cuellos Blancos del Puerto».

El polémico tema de la prostitución se hizo presente nuevamente en el 2020. 2020 Enzo Aguirre, un joven camarero que se desempeñaba como trabajador sexual, había sido asesinado en un hotel exclusivo de Buenos Aires. Fue entonces que Zaffaroni, pidió legalizar el ejercicio de la prostitución.

«Prohibiendo la prostitución estás agravando todo y generando un Estado cafisho que propicia la explotación», sostenía entonces. Ahora defiende la tesis de que Pedro Castillo no cometió delito, por lo cual no debió ser detenido cuando daba golpe de Estado.