La TÍA MARIA y su Tráfico de Influencias

A la luz del audio divulgado entre el presidente Vizcarra y los dirigentes políticos de la región Arequipa, transcribo el siguiente extracto cuando el presidente de la República textualmente dice: «(…) nosotros aquí no queremos imponer el proyecto minero, queremos hacer el proceso para que finalmente la posición de ustedes se revierta, pero encontremos la salida. Lo que hay que hacer es revertirlo, y revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador … Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo, si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo».

Lo que acabo de reproducir es lo que textualmente todos los medios de comunicación nos presentaron a todos los peruanos. Pues bien, ¿qué fue lo que sucedió luego en el Consejo de Minería?: Sucedió que, luego del ofrecimiento del presidente de la República en Arequipa, el Consejo de Minería notificó a Southern con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María hasta que se resuelvan los recursos de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa junto a otras autoridades y comunidades en contra del citado proyecto.

Penalmente, esto lo conocemos todos los abogados como una conducta típica de un clarísimo tráfico de influencias, en la medida que ningún funcionario de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, puede inducir en un procedimiento administrativo o judicial, a que la autoridad competente revierta su decisión o falle de acuerdo a la medida de los intereses políticos o sociales ajenos a lo estrictamente jurídico.

Sin perjuicio de la connotación penal de los audios, existe una clarísima intromisión del presidente de la República en el Ministerio de Energía y Minas, a vista y paciencia del titular del pliego, siendo los integrantes del Consejo de Minería los que han pagado los platos rotos, puesto que no les quedó otra posibilidad que simplemente obedecer, como a muchos funcionarios les viene sucediendo en la administración pública.

Es evidente la intromisión que se ha generado en el Consejo de Minería, la falta de respeto de respeto a la institucionalidad y la clara falta de autoridad del primer mandatario de la República que se dejó amedrentar por el plazo de las 72 horas que públicamente le impuso el gobernador regional de Arequipa.

Finalmente, estoy convencido que ningún medio de comunicación “ayayero” del gobierno aceptará esta posición; sin embargo, el pueblo lo sabe e históricamente lo condenará. Hasta la próxima semana.