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Contraloría: Cerrón cometió delito con Puente Noruega
Cerrón cometió delito con Puente Noruega
Para evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, el ex gobernador regional, del período 2019-2022, sin contar con sustento legal ni técnico, modificó la cláusula tercera con lo que se desnaturalizó el expediente primigenio y se procedió a su reformulación total.
También se realizó el cambio de la cláusula sexta y décimo tercera donde le otorgaban a SIMA PERÚ flexibilidad en el tiempo para el cambio del proyecto inicial y el incremento del costo acorde a los resultados de variación del primer expediente hasta en 201%.
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En el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 012-2022-2-5341-AC, que comprendió el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, se advierte, además, que en el convenio se incorporó una quinta cláusula que estableció que si la empresa encontraba observaciones al expediente técnico, podría solicitar pretensiones adicionales (mayor presupuesto).
Asimismo, se revela que SIMA PERÚ, con cargo a los fondos públicos, subcontrató a una empresa para ejecutar las acciones contempladas dentro del convenio específico por un monto menor al que el Gobierno Regional de Junín le pagó, obteniendo una diferencia económica de S/ 362 844.
Además, es preciso indicar que, de acuerdo al estudio de inversión inicial, el Puente Noruega se edificaría entre las urbanizaciones Santa Ana y Pampa Silva (distrito de Perené); sin embargo, la gestión regional, a través de una resolución Gerencial de Infraestructura emitido el 26 de noviembre del 2020, trasladó la zona de construcción a la Carretera Marginal de la Selva (Av. Salvador Coronado) y el Pasaje Máximo Camarena
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El informe de control identificó a 13 personas del Gobierno Regional de Junín, con presunta responsabilidad penal y/o administrativa: un ex gobernador regional, 8 ex funcionarios y 4 servidores en funciones.
Los resultados del servicio de control fueron comunicados oportunamente al Gobernador Regional de Junín para el deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas identificadas y a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en el presente informe, el cual se encuentra publicado en el portal institucional de la Contraloría.
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