Los medios de comunicación privados NO deben ser solventados por el Estado

Los medios de comunicación privados NO deben ser solventados por el Estado

Los medios de comunicación a lo largo del tiempo han demandado el respeto irrestricto de la libertad de expresión en un país como el Perú en el que las libertades políticas fueron cercenadas por dictaduras militares o gobiernos autoritarios.

La expropiación de los diarios en julio de 1974 perpetrada por la dictadura militar encabezada por el General Velasco, significó el punto final para un gobierno que en 1970 virtualmente «expropió» el diario Expreso y un año después expropia la «televisión nacional» limitando la producción nacional de telenovelas, que con mucho éxito eran vistas en varios países de América Latina.

Los diarios nacionales fueron expropiados y el gobierno designó a los directores, bajo el supuesto que las reformas estructurales impulsadas por el gobierno militar, debían ser mejor explicadas a la ciudadanía y el proyecto político del llamado binomio «Pueblo-Fuerza Armada» debía consolidarse.

Durante los doce años de dictadura militar, fue cerrada varias veces la revista CARETAS y su director Enrique Zileri fue deportado, como fueron deportados otros distinguidos periodistas. La prensa escrita y la televisión estuvieron en manos del gobierno militar hasta 1980. Con el retorno de la democracia, los diarios fueron devueltos a sus legítimos propietarios en 1980.

Con el autogolpe del 5 de abril de 1992 se impuso la toma progresiva del control de los medios de la prensa escrita a través de la «prensa chicha», a través de las portadas y titulares digitados desde el Servicio de Inteligencia Nacional. La televisión nacional privada en la campaña electoral del 2000 se NEGÓ incluso a vender espacios contratados a los partidos políticos de oposición, llegando a sostenerse desde las esferas del poder, que «no podía obligarse a los dueños de los canales a contratar».

Con la caída de Alberto Fujimori y la difusión de los VIDEOS grabados por Vladimiro Montesinos, se supo como los señores Crousillat, Winters y otros recibieron en efectivo millones de dólares en la Salita del SIN. En los últimos años, los grandes medios de comunicación adscritos a los grupos «El Comercio«, «La República» y RPP no cumplen con el deber de informar con independencia y objetividad, en la medida que a través de pagos de sumas millonarias con el nombre de «publicidad estatal», el Estado solventa y financia a medios de comunicación que virtualmente siguen la pauta informativa dictada por el Jefe de Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros o los servicios informativos oficiales.

La concentración de medios, hace posible que un grupo empresarial cuente con diarios, canales de televisión en señal abierta y cable (Grupo El Comercio y la República) y una emisora con cobertura nacional y un canal de cable (RPP). No es necesario estatizar, ni expropiar, no hace falta deportar a los directores de los medios, como ocurrió en el pasado o entregar dineros de modo subrepticio.

HOY la publicidad estatal es la forma contractual, que hace posible que el Estado transfiera millones de soles con regularidad a los grupos empresariales de comunicación. La llamada lucha anticorrupción, que supuestamente es el eje del gobierno del señor Martín Vizcarra y su persistente campaña de DIFUSIÓN en los medios, tienen como objetivo informar sesgadamente y emitir opiniones como si fuera una forma de informar; siempre a favor, siempre en la línea del gobierno.

Sin el apoyo de los medios de comunicación financiados por el gobierno de Martín Vizcarra, no sería posible que el gobierno realice campañas contra la oposición y sus enemigos políticos. No seria posible afirmar que la Disolución del Congreso se enmarcó dentro del marco de la Constitución. Y más aún no sería posible hacer de la MENTIRA un arma política en un país en el que han fallecido probablemente 60 mil personas como consecuencia del COVID-19.

Es obligación de los medios de comunicación informar con la verdad. Más aún cuando cada vez son más los peruanos que pueden confrontar los hechos a través de otras fuentes informativas disponibles en las redes sociales y en los canales internacionales de cable.

HOY los medios de comunicación se encuentran virtualmente en estado de insolvencia y gracias a los millones de soles asignados por el gobierno, pueden sobrevivir. La revolución tecnológica y digital, ha generado una gran trasformación en los medios de comunicación; que deben competir en un mercado que exige renovarse en cuanto formatos. La libertad de expresión es inherente a la democracia. Las campañas electorales han representado siempre a los grandes medios de comunicación, el acceso a ingentes recursos.

Los aportes de campaña efectuados por empresas como Odebrecht, OAS y grupos empresariales nacionales, en términos generales sirvieron a los partidos políticos para sufragar sus gastos de publicidad. Es decir, los medios de comunicación fueron los receptores finales de sumas ilícitas que fueron entregados a los Comandos de Campaña o a los Jefes de Campaña de partidos políticos, que hoy se encuentran inmersos en investigaciones del Ministerio Público y del Equipo Lavajato por haber incurrido en lavado de activos.

Con qué autoridad moral los medios de comunicación, los directores de los diarios, los conductores de los programas de radio o televisión (señal abierta o cable) pueden asegurar que se conducen con ética y sentido de responsabilidad. Más allá de las simpatías políticas personales, es evidente que hoy la línea informativa de los grandes medios es lineal, única y se expresa en el elogio y la adulación del Jefe de Estado y el gobierno.

En los últimos días, las necesidades financieras de los medios se han hecho evidentes. A través de campañas y encuestas de opinión se solicita o se plantea la urgencia de iniciar campañas de comunicación dirigidas a sensibilizar y educar al pueblo, en un contexto de PANDEMIA. Los medios cuestionan los subsidios y reiteran la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica o el equilibrio fiscal, pero cuando se trata de solicitar o clamar por ayuda estatal, no tienen ningún reparo.

Si América Televisión fue transferida a los grupos «El Comercio» y «La República«, a través de una transferencia de acciones poco transparente, a inicios del gobierno del señor Toledo; creo que, del mismo modo a través de los mecanismos del mercado de capitales, los actuales accionistas podrían inyectar el capital que necesitan sus empresas para su reestructuración o relanzamiento empresarial.

El Estado NO tiene por qué solventar o evitar la QUIEBRA de los grupos empresariales de comunicación, que HOY están al servicio del gobierno del señor Vizcarra. El Perú merece contar con una nueva generación de empresarios de las comunicaciones y periodistas que cuenten con el aprecio y respeto de la opinión pública.