El informe de Transparencia Internacional habla del caso “Sendic”. También indica que Venezuela y Haití son los más corruptos.

Uruguay y Chile son los países más limpios de América Latina, Venezuela y Haití, los más corruptos, de acuerdo con el ranking elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), que registra avances en Argentina y retrocesos en el Brasil y El Salvador.

La vigésimo quinta edición del Índice de Percepción de la Corrupción, Somalia y el Sudán del Sur se mantienen como los peores clasificados y Nueva Zelanda y Dinamarca, aparecen como los más transparentes, en un estudio en el que se suspende el 69% de los 180 estados analizados.

Se denunció al presentar al informe que “la mayoría de los países se está moviendo muy despacio en sus esfuerzos para combatir estas prácticas ilícitas y que “en los últimos seis años, muchos países han avanzado poco o nada”.

Además, destacó, por primera vez, una “alarmante” la correlación entre los países con peores resultados en su valoración y los que presentan peores niveles de protección para periodistas y activistas, los dos grupos que se ocupan principalmente de traer a la luz los escándalos de corrupción.

“En los países más corruptos en el espacio para la prensa y la libertad de expresión está totalmente reducido, como el espacio para el acceso a la información”, explicó el presidente de TI, Delia Ferreira, que advirtió de que descargue la protección de los medios de comunicación es “socavar el Estado de derecho como un todo”.

Los periodistas y los activistas son “los enemigos de los corruptos” y, en consecuencia, “los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente”, lamentó, refiriéndose en particular el caso de México.

En América Latina destacan por encima, como viene siendo habitual en los últimos años, Uruguay y Chile, con 70 y 67 puntos en un máximo de 100, respectivamente, seguido por Costa Rica (59) y Cuba (47).

Ferreira destacó que los países más transparentes también hay casos de corrupción, sino que vienen acompañados de una “reacción” que “marca la diferencia”, como en el caso de Uruguay, donde el ex-vicepresidente, Raúl Sendic, fue obligado por su partido a renunciar tras el descubrimiento de que usó la tarjeta corporativa de la compañía petrolera estatal Ancap para gastos personales.

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