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Sin llegar aún al “poder”, empezó persecución a periodistas y medio de comunicación independientes

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“¿Por qué la denuncia a un canal y programa que nadie ve? ¿Quiénes más seguirán? ¿Se cumple la amenaza? ¿Se acabará la libertad de expresión si llega “lapicito” al poder? La libertad de Expresión  es la piedra angular de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, que está consagrada  en el artículo 19 de la  DUCH. Cuándo los periodistas puede hablar sin cortapisas,  con seguridad, el ciudadano  se beneficia. Un país democrático se nutre de las diferentes opiniones, reflexiones y pensamientos de sus habitantes, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento de la sociedad y sus individuos, les duela a quien les duela”.

El Dr. Julián Palacín Fernández, miembro del equipo técnico y congresista electo de Perú Libre, expresó que ha llegado la hora en el Perú de que la sociedad se defienda frente a los propietarios o dueños de canales de televisión y medios de comunicación en general que viven de las noticias falsas difamando el honor y la buena reputación de los ciudadanos por temas estrictamente políticos. Si pues, pero no dice nada sobre los medios que desinforman u oculta información del “comando Che Guevara” y “los dinamicos del centro”, que financiaron la campaña electoral de Perú Libre? 

El Dr. Palacin expresa que el periodista Humberto Ortiz Pajuelo y su empleador WILLAX TV y solidariamente Erasmo Wong y todos los socios dueños de WILLAX TV, incurrieron en responsabilidad con daños y perjuicios que se probarán por la suma de 30 millones de dólares americanos en perjuicio del Abogado Julián Palacin Fernández del Estudio Jurídico Palacin Abogados y demás agraviados por afirmar con falsedad que Julián Palacin «ha puesto de la suya para estos audios espectaculares» y que esos 2 sujetos están ligados a Julián Palacin y que, el señor Guillermo Sendon sería parte del Estudio Jurídico Palacin, lo cual es totalmente falso y ha afecto nuestro reconocido prestigio nacional e internacional de abogados, ya que no somos empresarios.

Que “Frente al periodismo honorable de conocidos canales de televisión y de periodistas que son reserva moral de esta profesión, hay otros que se dedican a destruir el honor y la buen reputación de las personas a quienes ni siquiera le otorgan el derecho de rectificación de forma gratuita inmediata y proporcional sin perjuicio de las responsabilidades de Ley, porque además no tenemos Defensor del Pueblo, el que existe es totalmente ineficiente en la defensa de los derechos del pueblo”.

El periodista Humberto Ortiz, que utiliza el seudónimo de Beto en su programa en Willax anunció la noche del jueves su retiro del programa que conducía en dicho canal, informando que acaba de crear una página Web para que sus seguidores lo apoyen económicamente.

El Dr. JULIAN PALACIN,NO ESTA EN VENEZUELA NI EN CUBA,  EN UN PAÍS DEMOCRÁTICO NO SE PUEDE AMENAZAR EL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO, que ha costado la vida de muchos  hombres de prensa en el desempeño de este noble oficio: esto solo existe en las dictaduras.  LA VIOLENCIA, LA INTIMIDACIÓN, QUERELLAS, CENSURAS, DESPIDO ARBITRARIO, COMO LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS, Y LA SOBONERIA DE LA PRENSA CORRUPTA  NO PUEDE SERNOS AJENA NI PERMANECER INDIFERENTES, SIN DENUNCIAR Y ESTAR MUY AL PENDIENTE DE TODO LO QUE REPRESENTE UNA AMENAZA A NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN E INFORMACIÓN.

Debemos recordar que en nuestro país la situación de la Libertad de Prensa empeoró por la compra de las líneas editoriales, mermeladas para maquillar a los gobiernos de Ollanta Humala, PPK  “lagarto” Vizcarra, Sagasti, con la finalidad de desinformar y ocultar información a la población poniendo en riesgo la democracia la lucha contra la corrupción y un campo minado para muchos periodistas honestos que no piensan como ellos.

Que a pesar de ello, dan pelea y se sostienen en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esto implica también el derecho de cualquier persona a no ser molestada, juzgada o perseguida por sus opiniones, además de la libertad de poder difundir estas opiniones por cualquier medio.

Este derecho es especialmente importante para el oficio del periodismo, ya que el artículo 19 protege a los periodistas a investigar y recibir informaciones sin limitaciones. La libertad de información es un derecho fundamental que permite reducir las desigualdades entre el poder y la población y crear una sociedad más libre.

Claro que nos preocupa la situación de las Libertad de Prensa en nuestro país, las constantes querellas a periodistas independientes por supuesta difamación a pesar de ser respetuosos del estándar de veracidad exigible a los periodistas al momento de cuestionarlos. A pesar de que, teóricamente, una querella solo está justificada cuando se emplean calificativos absolutamente denigrantes en un artículo periodístico o cuando no se respeta el principio de verosimilitud y diligencia en el acopio de información, vemos que en la práctica  esta  herramienta se utiliza, básicamente, para silenciar y hostigar a la prensa independiente.

El admitir a trámite una querella maliciosa y abrir procesos penales sin fundamento significa un perjuicio al periodista en tanto que lo obliga a contratar abogados para su defensa, a dedicar parte de su tiempo a asistir a las tomas de declaraciones y a sufragar el costo de tasas judiciales para ejercer su derecho de defensa. Perdida de su valioso tiempo. En ese sentido, la reacción judicial debe estar dirigida a detectar y rechazar desde un principio este tipo de prácticas, emitiendo el respectivo auto de improcedencia.

Establecer requisitos de procedibilidad más exigentes que los que se tienen hoy en día para admitir a trámite las querellas, se consigue homogenizar la jurisprudencia y se obliga a todos los magistrados y jueces a seguir las reglas que en él se establezcan y a aplicar el mismo tratamiento a casos iguales, o en todo caso, a motivar especialmente por qué se apartan de las pautas del acuerdo. Nuestro ordenamiento jurídico no puede concebir la instrumentalización del Poder Judicial y menos para fines ilícitos.

En los casos en que los jueces resuelvan imponer alguna restricción al ejercicio de las libertades de expresión e información, el GREMIO EN SU CONJUNTO DEBERÍA DE EXIGIR  a la judicatura una especial motivación, especialmente de las sentencias, ello debido a que, cuando se trata de los hombres de prensa, se lesionan no solo los derechos subjetivos del individuo que se desempeña como periodista, sino además el derecho de la colectividad a recibir la información que hubiese podido proveer o seguir proveyendo.

 

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