Rusia consideró este miércoles ilegal el nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra la presunta utilización de armas químicas, tras el ataque en marzo con un agente nervioso en contra de un ex-espía ruso en Inglaterra que el occidente atribuye a Moscú.

“Consideramos ilegales las restricciones introducidas por los Estados Unidos y nuestra posición se mantiene la misma sobre las medidas similares que pueden seguir”, dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov.

El Gobierno de los estados UNIDOS envió el lunes una información al Congreso sobre un incumplimiento por parte de Rusia de la fecha marcada para prohibir el uso de armas químicas, lo que permitirá la imposición de nuevas sanciones de Washington a Moscú tras el envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y de su hija de Yulia con el agente tóxico Novichok, de fabricación ruso.

El Departamento de Estado determinó que Rusia no ha cumplido con las condiciones establecidas en la Ley de Eliminación de la Guerra y el Control de Armas químicas y Biológicas de 1991.

El 27 de agosto, los estados UNIDOS aplicaron un primer paquete de sanciones a Moscú por el caso Skripal, y que fue atribuido a agentes de los servicios de inteligencia militar de Rusia.

En concreto, suspendió los programas de cooperación técnica con la federación de Rusia y la concesión de licencias para la exportación de bienes y tecnología para uso civil y militar a las empresas rusas con participación estatal.

En la ocasión, la Casa Blanca ha proporcionado a Moscú en un plazo de tres meses para permitir una inspección de la ONU en el territorio ruso y garantizar que no volverá a utilizar armamento químico.

En caso de incumplimiento de estos requisitos, los estados UNIDOS amenazaron a adoptar nuevas sanciones más severas, incluyendo la degradación de las relaciones diplomáticas, la prohibición de la importación de petróleo ruso y de las exportaciones de “todos los demás bienes y tecnologías”, además de productos agrícolas.

El Departamento de Estado está de momento a promover la celebración de consultas con el Congreso sobre las próximas medidas a anunciar.

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