“Medios mermeleros” en crisis de nervios

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La turbia conspirativa de propietarios, plumíferos, hueleguisos, políticos, se encuentran al borde de un ataque de nervios, al ver que ayer la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó la insistencia de la “Ley Mulder”, que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados.  ¿Que esta  iniciativa para prohibir la publicidad estatal en los medios privados de comunicación casi no fue debatida, fue irregularmente exonerada del trámite reglamentario, pero aun así fue aprobada al caballazo en la Comisión Permanente? Luego, como correspondía, el proyecto fue observado por el Ejecutivo. Si pues,  pero ayer, nuevamente fue aprobada al grito de “¡ Adios a la mermelada!”.

Como no funcionó la campaña de desprestigio contra el  Congreso, ni las movilizaciones que pedían el cierre, ahora salen con el cuento que la ley Mulder vulnera la Constitución Política del Perú. Que afecta libertad de contratación, acceso a la información pública y libertad de prensa y expresión, etc, etc. Para muchos esta “génesis (Ley Mulder) arrancó en el gobierno de Humala, se acuerdan las portadas diarias en La República, La Primera (UNO), Diario16 dirigidas contra Alan Garcia y Keiko Fujimori.

Portadas que Blanca Rosales coordinaba descaradamente, al mismo estilo Montesinista pero con factura, se compraba la linea editorial de la prensa mermelera disfrazado de publicidad para atacar a sus anemigos, apoyar la Ideología de Género y para tapar todas las cochinadas de la pareja presidencial… campaña publicitaria que pasó de su promedio histórico de alrededor del 17% de toda la torta publicitaria a cerca de un 25%”. Y más aun, eran medios que no tenían venta ni circulación, pero hacían daño cuando se colgaban en los quioscos.

La “mermelada” fue dádiva fea y usual en el gobierno de Ollanta Humala,  “mermeleda” para destruir a los enemigos políticos, para  anestesiar críticos, para financiar mastines, que atacaban implacable y machaconamente con portadas diarias solo contra determinados personajes políticos, con meses enteros en cartelera. ¿Quién condenó ese despilfarro? Los propietarios, plumíferos, hueleguisos estaban felices con el chorro de publicidad estatal humalista, estaba ñatos de risa. ¿Estos mismos, hoy se preguntan si Mauricio Mulder sabe “que las campañas de vacunación se anuncian por radios locales en las regiones, que es el único canal de información de millones de peruanos y que esas radios también son privadas?”.

Claro, que algunos saldrán con el cuento que el proyecto no es idóneo, necesario, ni proporcional porque los problemas que genera son mayores a los beneficios que se obtendrían. Que controlar el manejo de los recursos públicos no puede pesar más que el derecho de la ciudadanía a informarse. O que “la ley Mulder vulnera el derecho a la libre contratación. Es como si a una bodega se le prohibiera vender leche, que es uno de sus principales productos; limitan su libertad de contratar”. Vaya uno a saber, con que otros argumentos saldrán mañana.

¡El Ipys o el Consejo de la Prensa Peruana, se pronunciaron contra la “mermelada” descarada en el gobierno de Ollanta Humala o la “mermelada de Odebrecht”? No. ¿Es posible sostener como el Consejo de la Prensa Peruana y el Ipys: “Que la mala regulación puede constituirse como un atentado contra la libertad informativa”?  ¿Qué el debate de la iniciativa que busca prohibir la publicidad estatal en medios debe ser profundo y transparente y no con “votación express”, ya que el proyecto del congresista aprista tiene problemas de fondo y forma?

¿Que, la publicidad estatal en medios de comunicación es una vía de cumplimiento de una obligación del Estado para informar a la sociedad sobre sus acciones y políticas, y también sobre servicios y necesidades públicas, y además de otras situaciones que deben ser conocidas, como notificaciones, alertas, convocatorias, etcétera? ¿Las dependencias públicas deben usar los medios de comunicación que mejor sirvan a tal fin, en función de sus audiencias y de la diversidad?

¿Qué  limitar esta publicidad a los medios estatales y redes sociales conlleva al colapso e incumplimiento de la obligación señalada, y en determinadas situaciones podría producir un clima de desinformación insostenible. En esa medida, el proyecto afecta la libertad de información como derecho de la población. Que es un mecanismo de afectación indirecta de la libertad de expresión a través del uso de prohibiciones estatales, proscrito por el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos?

¿Qué es pertinente perfeccionar la regulación de la publicidad estatal para hacerla más eficiente, evitar preferencias políticas o el uso personalista por parte de las autoridades, entre otros vicios? La verdad es que, no dicen nada sobre la discusión a este respecto en el mundo es cómo se hace más efectiva y razonable la inversión del Estado en publicidad, pero a nadie se le ha ocurrido prohibirla del modo en que ellos lo piensan. ¿Alguna vez, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el IPYS han pensado en los diarios de provincias, en las pequeñas revistas que cumplen una función específica en un mercado determinado?

NO.  El CPP y el IPYS -representan a los propietarios de los medios capitalinos- nos quieren dar “gato por liebre”, ya que la intención de la normativa es positiva, porque busca evitar que la “torta” publicitaria estatal (todos los recursos públicos utilizados en propaganda a favor del Estado, tanto para el gobierno nacional, regional y local a través de escritos, imágenes (fotografías, video, dibujos u otro similar) y grabaciones que puedan ser difundidos , exhibidos o distribuidos), se despilfarre, y sea utilizada como un “mecanismo de presión política” a los medios de comunicación mermeleros.

¿Porque el CPP y el IPYS, no se escandalizan y se pronuncian por la concentración de medios y de la paublicidad? ¿Qué han hecho el CPP y el IPYS contra los medios basuras y la “repartijas” de la publicidad estatal, especialmente en la promoción de la cultura de prevención y las políticas sociales en ámbitos importantes como educación, justicia y salud? ¿Esta es una restricción direccionada para evitar cuantiosos gastos de publicidad de entidades públicas en medios que no acrediten tiraje ni circulación? ¿Está iniciativa, busca regular el “despilfarro” publicitario en el Estado peruano que actúa como financista de empresas privadas?

Dejémonos de vainas, al toro por las astas,  la Libertad de Prensa y La Libertad de Expresión no está en juego, lo que está en juego son los intereses de los propietarios de los medios de Lima y NO de los provincianos que son marginados. Lo demás son rabietas.

 

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Jaime Uribe Rocha Periodista y columnista en medios escritos, experto en marketing político