Después de levantarse el Perú al hombro, con sus socios  Odebrecht y el Club de la Construcción,  José Graña Miró Quesada, sin descaro  se pronunció sobre la demanda de su empresa GyM   contra el Perú ante el CIADI por  imcumplir el contrato del Gasoducto del Sur, valorizado en 1323 millones de soles, por lo cual los ministerios de Energia y Minas y Economía y Finanzas fueron notificados.
Graña y Montero
Para algunos puede ser, un aprovechamiento político descarado o un aviso al presidente Martín Vizcarra, mas allá de la vergüenza que demuestra el perfil de la empresa. Para otros, un ardid que indicaría que los coimeros quieren acogerse a la colaboración eficaz para evitar la prisión preventiva al declarar y brindar información, toda vez que por lo bajo están buscando recuperar su inversión supuestamente con el tema del gasoducto Sur Peruano? José Graña a través de Grupo El Comercio sólo respaldará al gobierno en la medida que haga lo que ellos quieren?
También hay de las odaliscas y guaripoleras que señalan “la demanda aún está pendiente de valoración en los Estados Unidos y se suma a la que ya antes había interpuesto la empresa española Enagas”, que formó un consorcio con la firma peruana y la empresa Odebrecht para la construcción del gasoducto?
Lo raro, es que  Jose Graña ahora sostenga muy abiertamente, que  desde hace tres años no interviene en decisiones de Graña y Montero”, que desde julio del 2019 se encuentra sometido a un proceso especial reservado de colaboración eficaz que no le permite dar mayor información, nadie de lo cree.
“El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagas solo el 25% y Graña y Montero el 20%”.
Por qué tanto desgaste y pérdida de tiempo?  Falta de coherencia, en este sentido, los funcionarios encargados en defender al Estado no revisan la cláusula anticorrupción para evitar que GyM, el Club de la Construcción y Odebrecht sigan beneficiándose del tesoro público, que para su efecto inmediato lo primero que debería hacer el Ejecutivo  es separar al ministro de Transportes, Edmer Trujillo, debido a sus cuestionamientos con este gremio empresarial.
No hay que temer al arbitraje: EL ESTADO GANARÍA ARBITRAJES. Los contratos con Graña y Montero y Enagas “tienen cláusula anticorrupción y Barata ha reconocido el pago de coimas” por lo tanto, de acuerdo a la jurisprudencia internacional tiene tres escenarios posibles: “rechazar la demanda y declararla improcedente, inhibirse declarándose incompetente o conocer y pronunciarse de fondo declarando la nulidad del contrato”, así de simple.
Y cuál es el papel de los fiscales Lava Jato y Procuradores? Cuáles son resultados de la supuesta lucha contra la corrupción, aparte de perseguir a la oposición de este gobierno de facto: -Graña y Montero fue incorporada el 4 de diciembre último como investigada en el caso Club de la Construcción, a pedido de la Fiscalía.
-El Club de la Construcción era un cartel de empresas ligadas a dicho rubro que coordinaban entre sí para obtener la adjudicación de obras públicas.
-Con su incorporación al caso Club de la Construcción, Graña y Montero podrá acogerse a la Ley N°30737, que permite conformar fideicomisos con el fin de garantizar el pago de reparaciones civiles de hallarse responsabilidad penal en los casos que se les imputa.
-Que el todopoderoso juez Richard Concepción Carhuancho admita a trámite el recurso de apelación interpuesto por los abogados de los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, quienes solicitaton el cese de la prisión preventiva que le impusieron por el Caso Odebrecht. Y esta de cumpla.
-Es evidente que en nuestro país el poder político y económico, mandan, la justicia es sorda, ciega, muda y coimera. Estamos acostumbrados a que nos oculten la verdad y nos cuenten cuentos. Acaso no es cierto lo que  siempre se supo de los sobornos, los tratos bajo la mesa? Que G&M es tan corrupta como Odebrecht, los empresarios del Club de la Construcción y los arbitrajes?
-Que el  Poder Judicial y la fiscalía no  tienen los cojones para meter preso a todos los “poderosos” que le roban el sueño a más de 7 millones de peruanos que viven marginados en extrema pobreza?
-Ahora a dónde apuntan los medios con sus titulares?  En nuestro país nos defendimos con suficiente vigor (o poco nos importó) de la mafia fujimontesinista y la compra de titulares no sólo de la prensa chicha, sino de algunos periódicos políticos- que hoy sus propietarios se hacen los suecos- la vigencia en el país de los titulares mediáticos, cortinas de humos o maquillados no se distingue entre la opinión editorial, propia de cada medio, y la información objetiva, equilibrada y apoyada en datos y citas exactos, atribuibles a fuentes idóneas y claramente identificadas, así como no supimos valorar entonces la democracia formal, hasta que la perdimos.
-Una vez más  estamos en el oscurantismo notlcioso, sin que nadie alce la voz y los  responsables de esta situación- que no son los periodistas, como pudiera pensarse en primera instancia- los propietarios,  prevalecen sus intereses antes que la noticia.
-Que “Los periodistas en este escándalo  cometen en materia de ética un montón de pequeños pecados, pero los grandes y peores pecados son cometidos por los medios. La ética periodística no debe utilizarse para convertir en chivo expiatorio a cronistas y redactores. Por el contrario, debe reforzar a los profesionales en su lucha contra los grandes defectos de la prensa actual, y para defender la libertad y la calidad de sus contenidos”.
– Queda la posibilidad que el Estado peruano  comunique al CIADI su oposición al registro de la solicitud de arbitraje presentada por la constructora peruana Graña y Montero (GyM), por dos motivos.
Primero, señalando que esta no cumple con los requisitos jurisdiccionales para iniciar un arbitraje en dicha entidad.Segundo, que GyM “no es parte del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano, por lo que no tiene legitimidad para la cláusula de solución de controversia”.
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Jaime Uribe Rocha Periodista y columnista en medios escritos, experto en marketing político