La justicia tiene que ser implacable con todos los políticos, funcionarios y empresarios vinculados al crimen organizado. Que la situación del país es dramática más aún cuando las pasiones y la sed insaciable salen a la superficie con una radiografía escabrosa del escenario político judicializado confuso e inflamable; puede ser. Lo real es que estamos tan jodidos que este país puede perder el horizonte democrático…

¿Se puede acusar con supuestos, testigos truchos sin corroborar el testimonio, sin que la defensa pueda interrogar a testigos de la Fiscalía? ¿que tanto el fiscal y el juez respondan por presiones sociales, políticas y mediáticas de algunos medios?

El abuso podría conducir al error judicial y este incluso a una reclusión exagerada, selectiva y no incluya a todos los implicados en lavados de activos, como Toledo, Humala y Nadine, como la “tía vaga” que están protegidos y son intocables. Las prisiones preventivas se dan al por mayor y la presunción de inocencia es inexistente. Asimismo calificar a los partidos políticos como organizaciones del crimen, es muy peligroso.

Tal vez por eso, hasta ahora no veo que el alegato del fiscal José Domingo Pérez, sea sólido que ponga en precaria posición judicial a Keiko Fujimori de cara al proceso penal por lavado de activos. El fiscal Pérez, cuenta con siete colaboradores eficaces y seis testigos protegidos los que han ofrecido versiones coincidentes sobre los hechos que denuncia el fiscal. Declararon que cumplieron la tarea de lavar-personalmente o encargando la tarea a otra persona- el dinero negro de la constructora Obredecht entregó para la campaña fujimorista del 2011 y que no fue declarado ante la ONPE.

 

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Jaime Uribe Rocha Periodista y columnista en medios escritos, experto en marketing político