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¿Es necesario el diálogo entre Estado, empresas mineras y comunidades?

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Después de los conflictos de la industria extractiva en Ancash, Apurímac y Cajamarca, si podemos asegurar que la comunicación con las comunidades mineras es tan importante como la parte técnica, como esto no es así, las comunidades denuncian que las vulneraciones de derechos continúan.

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Es que hasta ahora no hemos sopesado que “Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, esto no funciona, ahí tenemos los resultados entre 2009 y 2018, en dos de cada tres conflictos sociales el diálogo empezó después de un hecho de violencia”.

El Reporte 157 sobre Conflictos Sociales publicado por la Defensoría del Pueblo sostiene que la mayor parte de los conflictos sociales —alrededor del 66%— se registran en el sector minero. A mi entender, los conflictos sociales, en el sector minero, persisten porque el Estado ha sido incapaz de llegar a todos los rincones del Perú, a los andes serranos y a las llanuras amazónicas.

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A pesar de los ingentes presupuestos públicos que se han obtenido por la venta de materias primas y del crecimiento económico de los últimos 25 años? Que el Estado y sus autoridades no han logrado mejorar la calidad de vida a través de política públicas.

Que es en este contexto que surge el movimiento antiminero de viejo cuño izquierdista, que se organiza en pequeños grupos para azuzar a la población, armar falsos relatos y oponerse a los sectores extractivos con el único objetivo de conducirnos al desastre estatista?

Que más de la mitad de los conflictos sociales de Perú se deben a discrepancias entre el Estado asolapado, empresas privadas y comunidades y esto no es de ahora viene sucediendo desde 2003, de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, que indican que la población suele oponerse debido a la contaminación de recursos naturales, la pérdida de fuentes de agua para la agricultura o la pesca, y por problemas de propiedad de tierras.

Que le cuesta al Estado y a las empresas mineras reconocer que el punto de partida es cuidar el bienestar de la fuerza laboral y actuar de manera responsable en cuanto al medio ambiente. Sabiendo el ejecutivo que no es fácil establecer confianza con las comunidades, y que esto debe trabajarse mediante “comunicación y consulta, desde el inicio, con las partes involucradas en el proyecto.

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Por qué los gobiernos de Toledo, García, Ollanta, Kuczynski (28 julio 2016-22 marzo 2018), y Vizcarra (actualmente) han aplicado la política del llamado “Consenso de Washington” de liberalización de los mercados, equilibrio fiscal y presupuestal con promoción de la inversión extranjera, y privatización, que había mostrado su fracaso por lo menos desde el 2001 en Argentina, y que luego el 2007 recién lo reconoció el propio Banco Mundial?
¿Y cuáles son los resultados a nivel macroeconómico que ha tenido la política minera 2001-2018?

El empleo minero directo aumento de un 0.6% de la PEA para 2001-2006 al 1.1% en 2012-2017, alcanzando un promedio de 195,560 trabajadores para enero – junio 2018, siendo un 67.2% trabajadores de contratas. La participación minera en el PBI ha sido del 5.4% en 2001-2006, 9.8% al 2017, mientras el aporte tributario neto ha bajado del 15.8% en 2008-2012 al 3.2% en 2013-2017, y las exportaciones mineras que representaron el 55.7 % de las exportaciones totales en 2001-2006 pasan a ser el 57% en 2012-2017.

El efecto multiplicador de la actividad minera en la economía se ha reducido tal como lo muestra el estudio de Távara, Gonzales de Olarte y Del Pozo, “Hacia un Desarrollo Inclusivo. El caso del Perú”(abril 2014), que relativiza los estudios (IPE y Macroconsult) que sobre-dimensionan la generación de empleos indirectos.

Si se calculara la diferencia entre el ingreso tributario neto de exoneraciones y devoluciones y se le restara el valor del impacto ambiental y social que generan los proyectos mineros, la diferencia sería negativa. Las llamadas externalidades están asociadas al impacto de la contaminación minera sobre los ecosistemas y la salud de las personas y cuyo costo se traslada a la sociedad sin responsabilidad para las empresas.

No todo lo que brilla en la minería, es oro. Abramos los ojos y aceptemos nuestra realidad, el Perú es un país inmensamente rico privilegiado por la naturaleza, pero donde existe más de 15 millones de hogares ente pobres y extrema pobreza en la Sierra y Selva debido a la explotación del hombre por el hombre, en todos los sectores; extractivos, productivos, transportes de la minería.

Sin olvidarnos de los sueldos de hambre que les pagan a los empleados y obreros. Falta de escuelas, postas médicas, servicios elementales como agua y corriente, carreteras que unan sus pueblos; no obstante las autoridades continúan ciegas, sordas y mudas ante esta triste realidad.

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Jaime Uribe Rocha Periodista y columnista en medios escritos, experto en marketing político

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