La Asamblea Nacional de Venezuela, en la que la oposición tiene la mayoría, declaró inconstitucional el nuevo mandato que el presidente, Nicolás Maduro, quiere iniciar el 10 de enero de 2019.

La declaración tuvo por base un proyecto de acuerdo para una solución política a la crisis venezolana y los parlamentarios piden la celebración de elecciones presidenciales en condiciones democráticas y con el apoyo internacional.

“Declaramos inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro de seguir usurpar los poderes presidenciales, a partir del 10 de enero de 2019, y convocamos a el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional para defender la Constitución y propiciar un cambio de política en el país”, se lee en el documento.

Durante el debate, el diputado opositor Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular, señaló que los aspectos de la crisis venezolana y de los presos políticos, insistiendo en la necesidad de una transición democrática contra el actual Gobierno.

“Es la presión del pueblo de Venezuela que llevará a una transición democrática y, con la presión de la comunidad internacional, conseguiremos ese objetivo”, dijo.

El diputado Luis Flores, consideró, por su parte, ser preciso construir un nuevo país, con el acompañamiento de la comunidad internacional.

En el texto del documento se lee aún que Venezuela vive una “tragedia que se expresa en una grave crisis migratoria y económica” que originó, entre otras situaciones, la pobreza, la hiperinflación y escasez de medicamentos.

“La violación de los derechos humanos alcanza diversos ámbitos”, refiere la declaración, señalando que el año pasado se produjeron “89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes” y de la violencia que provocó la muerte de 26.616 personas en 2017″.

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El texto hace referencia a la ilegalización de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, así como la detención y el exilio de varios políticos y el cierre de 115 medios de comunicación social fueron.

Por otro lado, pide a la comunidad internacional para “declarar la ilegitimidad del régimen y sus consecuencias, y que mantenga de manera efectiva y progresiva de la presión legítima sobre él”, para buscar “una solución para la crisis y la construcción de una transición democrática, ordenada e inmediata”.

Los parlamentarios se comprometen, asimismo, a no utilizar la venganza, ni la persecución política, así como la promoción de un gobierno de paz y reconciliación nacional para iniciar la transformación económica y social de Venezuela.

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