Por Guillermo Molinari, ex Viceministro de Gestión Pedagógica.
En la última semana hemos asistido al pedido del Parlamento solicitar facultades para investigar nuevamente a la SUNEDU, si hacemos memoria en fecha 3 de junio de 2019 la Comisión de Educación aprobó una moción de orden del Día para solicitar al Pleno del Congreso la facultad de comisión investigadora por 60 días hábiles a fin de que pueda indagar las presuntas irregularidades denunciadas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que se habrían cometido en las gestiones de los superintendentes Lorena Macías, Flor de Luna Victoria Mori y Carlos Martín Benavides Abanto.
Según el documento aprobado, se señala que las irregularidades que se habrían detectado en el proceso de contratación de personal, bienes, consultorías y servicio en general; procesos de licenciamiento institucional de universidades públicas y privadas y otros que pudieran generarse durante la investigación.
En el debate, la congresista Tamar Arimborgo denunció la presencia en el Parlamento de operadores políticos de SUNEDU que no tienen vínculo con esa institución. “Por donde se aprieta sale la pus en SUNEDU”, dijo la legisladora. Cuestionó el perfil profesional de las personas que trabajan en esa superintendencia porque -según dijo- ganan más de 15 mil soles siendo bachiller.
Me parece importante que en entrevista la Ministra Flor Pablo indica “El Congreso tiene la facultad para investigar, pero creo que hay que modular ante que situaciones las pide”…lo que queda claro es que el pedido del congreso no solo se refiere a un tema de orden administrativo de contrataciones de personal, sino de determinadas denuncias respecto a los propios procesos de licenciamiento y a la preocupación de los estudiantes de las Universidades públicas y privadas, un poco más de un tercio de la totalidad que tenemos en el país y que acabando el proceso en diciembre de este año genera preocupación. Frente a ello lo que es claro es que el Congreso, tiene como una de sus funciones principales la de fiscalizar y si la SUNEDU viene cumpliendo todos los procedimientos ajustados a las normas de manera transparente y objetiva no tendrá la actual gestión ningún motivo de temer a su fiscalización.
Es importante indicar que la SUNEDU es un órgano adscrito al MINEDU, dirigido por profesionales Ad hoc para esa labor, en tal sentido debemos concluir que los procesos de licenciamiento hasta hoy otorgados y los que se encuentran en proceso se ajustan a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que por demás son las que aseguran que los estudiantes no sean estafados en su formación profesional.
No podemos negar que la exigencia de cumplimiento de estas CBC, referidas a: los objetivos académicos, oferta educativa, grados, títulos, las condiciones de infraestructura y recursos educativos; las líneas de investigación y disponibilidad de docentes debidamente calificados, servicios complementarios, mecanismos de inserción laboral y mecanismos de transparencia de la Universidad, en total 55 indicadores. Permiten en un primer escalón de esa búsqueda de calidad en la formación superior responda a las necesidades y exigencias de los diversos campos profesionales en el país.
Los tiempos que se tienen en el momento actual se encuentran muy ajustados para el número de Universidades que faltan licenciamiento, atendiendo que la duración máxima del procedimiento de licenciamiento institucional es de 120 días hábiles: la etapa de revisión documentaria tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, la etapa de verificación presencial tiene un plazo máximo de 45 días hábiles y la etapa de emisión de resolución tiene un plazo máximo de 30 días hábiles. Situación complicada para la SUNEDU.
Estoy seguro que el Superintendente Carlos Martín Benavides no le preocupa la fiscalización por parte del Congreso, en todo caso la misma debería servir para realizar las correcciones de detectarse alguna dificultad en los procesos administrativos y/o gestión de la SUNEDU, ese es el nivel de coordinación y dialogo entre el ejecutivo y el legislativo, situación que contribuirá a mejorar las relaciones entre estas dos representaciones de los poderes del estado. Que además debe aprovechar la situación para solicitar al legislativo, se dicten las normas que permitan impulsar la reforma universitaria para las siguientes etapas.
Indicar que varios congresistas tienen intereses por el licenciamiento de universidades, con las cuales tienen vinculación o que han recibido sanciones, es generar un clima de conflicto que no contribuye a sumar en la defensa de la calidad educativa universitaria que se pregona. Apostemos por sumar y no restar, por multiplicar y no dividir, eso es lo que nos reclaman más de un millón de estudiantes de la educación superior, dado que en nuestro país de la población de 15 a 29 años de edad, el 17.6% no estudian ni trabajan, por lo cual se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Tomemos las previsiones que muchos de nuestros jóvenes que hoy están en los centros universitarios, aún no licenciados, formen parte de estas estadísticas.
