Las esterilizaciones forzadas y ¿La verdad de una mentira?

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Me quedé impresionado por el contenido  del libro “la verdad de una mentira” de María Cecilia Villegas, que trata el doloroso caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori.  Casi en shock-por los argumentos trasnochados-, pone sobre la mesa dos puntos clave. Los  hechos que generaron secuelas importantes en cientos de mujeres y el otro,  la responsabilidad con la que el Estado y el Poder Judicial debe manejar este tipo de acontecimientos.  

No me queda ninguna  duda, que la  esterilización quirúrgica compulsiva aplicada dentro del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el gobierno del “chino”, según  Investigaciones periodísticas y de la Defensoría del Pueblo permitieron demostrar que el programa tenía serios defectos: la fijación de metas de cumplimiento que establecían un incentivo perverso para los médicos y encargados del programa. Que esta  situación ocasionó que la libre voluntad de las mujeres no fuera respetada y que, incluso en quienes consintieron la anticoncepción quirúrgica, se produjeran graves consecuencias, debido a las condiciones de las intervenciones.

A mí particularmente como periodista-con más de 40 años en el ejercicio- , estoy seguro que Alberto Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú, al “chino” nada se le escapa, él estaba enterado de todo.  ¿Qué las pacientes recibieron presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas’ más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron? ¿O son las verdades de una mentira?

¿Qué la mejor evidencia son los 56 documentos oficiales y  testimonios de diversos funcionarios del ministerio que trabajaron durante el Gobierno de Fujimori: los oficios que dirige el ex ministro de Sanidad, Marino Costa Bauer, al  presidente Fujimori, informando las cifras mensuales de las denominadas anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, así como de las proyecciones para los meses siguientes. Otras evidencias, las cartas enviadas al jefe de la Casa Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo con material médico para el programa de esterilizaciones?

¿Según la comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú? Asimismo, según el  Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su “consentimiento genuino”.

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Pero, me pregunto sin tener respuesta ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el régimen de Fujimori decidió aplicar a personas pobres un programa masivo de esterilizaciones quirúrgicas? ¿Se trataba de una política diferenciada frente a otras clases sociales? ¿Se partía de una premisa equivocada: el “problema” de planificación familiar solo se concentra en los estratos menos favorecidos económica y socialmente? ¿Hubiera sido tolerado un programa de este tipo si es que solo se aplicaba en San Isidro, Miraflores, San Borja, Monterrico?

¿Se puede concluir cómo nació la ligadura de trompas? En 1996, Esperanza Huayama, engañada y amenazada antes que le practiquen una  ligadura de trompas contra su voluntad (estaba embarazada de tres meses). Tuvo que luchar para que no le practiquen el aborto ahí mismo. Ella recuerda que una “comisión” llegó a Huancabamba, al noroeste de Perú, a ofrecer alimentos, vitaminas y medicinas para mujeres, pero en realidad se trataba de un grupo para llevar mujeres a los centros de salud.

Cuando Rute Zuñiga  llegó a la posta sanitaria y vio a otras mujeres desmayadas en el suelo, lo primero que intentó fue escapar. “Unas enfermeras fueron a mi casa a recogerme y me llevaron en una ambulancia. En ese cuarto yo les dije que quería ir al baño para escaparme, pero nos vigilaban. Nos pusieron un candado para que no escapemos. Me quitaron a mi hija. Las mujeres tenían miedo y lloraban”, relató Zuñiga; “me amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento”. Como ella, muchas vivieron esa historia.

Rute Zúñiga ahora es presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y todavía recuerda aquella tarde hace más de  20 años en la que despertó en el suelo después de la intervención quirúrgica a la que la sometieron. “Nosotros pedimos justicia y reparación. Muchas mujeres quedaron marginadas de la sociedad, sin posibilidad de trabajar ni recibir atención médica desde entonces, el mundo tiene que conocer lo que pasó para que no se repita nunca más”, señaló.

Nos debe preocupar que hasta el momento, no aprendemos que  las esterilizaciones forzadas son asunto de interés nacional en Perú, que el Poder Judicial debe brindar una respuesta contundente  en vez de archivar el caso en varias ocasiones ¿Cómo que no existen  pruebas contundentes de una coacción? ¿Y los testimonios?  ¿O es que se trata de “situaciones aisladas”? Yo creo, que más temen a Keiko y sus 72 congresistas que señalan “hay responsabilidades personales en los médicos que no respetaron sus protocolos” e insisten en que en el mandato de Alberto Fujimori  no se ordenaron esterilizaciones forzadas.

Bajo este panorama, el libro “la verdad de una mentira” de María Cecilia Villegas, no apunta directamente a los acontecimientos , más  bien trata de minimizar, concluir  que  el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar tenía un buen diseño, es cosa de locos. ¿A quién trata de defender o maquillar?

 

Pysn Jaime Alberto Uribe Rocha
Jaime Uribe Rocha: Periodista y Publicista experto en marketing político, columnista en varios medios periodísticos impresos,

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