Ejecutivo ya tiene la carta para reemplazar a contralor Alarcón

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PPK12 Ejecutivo ya tiene la carta para reemplazar a contralor Alarcón

Saltó la liebre, donde menos se piensa: CGR.  No se trata que el Premier Fernando Zavala llamara hasta el cansancio al Contralor Edgar Alarcón por el aeropuerto Chincheros o que la reunión no era secreta sino técnica. Acá lo importante es tumbarse al Contralor que ponía piedras en el negociado, perdón en el camino, y poner alguien a la medida del gobierno lobista. Y  PPK ya estaría pensando entre el economista Nelson Shack y la abogada Beatriz Boza- quienes tienen en común haber trabajado en el régimen fujimorista en los años 90- como posibles reemplazos al máximo cargo en la Contraloría General de la República.

¿A quién le interesa  que Edgar Alarcón sea chuponeador a no? ¿O que sea el mismo gobierno el chuponeador? ¿Por qué no los fujimontesionistas?  Realmente la opinión pública se pregunta ¿El gobierno se pone la soga al cuello? ¿Es ético el “chuponeo” telefónico? Muchos políticos y funcionarios han manifestado su rechazo al “chuponeo” telefónico a razón del escándalo desatado por el “Informe de la Contraloría” en contra del aeropuerto Chincheros, o por ahí, de repente sale un audio que los involucre. ¡Con el argumento que acceder a una conversación telefónica privada definitivamente es ilegal, es una transgresión, pero al menos sirve para luchar contra la delincuencia de alto vuelo!

Se podría decir que no es ético, pero es un mal necesario ante tantos “choros de cuello y corbata”. Lamentablemente, sobre “chuponeo”, estamos hablando del derecho al “secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, que nuestra Constitución consagra a favor de los ciudadanos. Que alguien grabe o escuche la conversación telefónica de otros, es un delito. Pero ningún derecho es absoluto. Ningún derecho se acata a rajatabla. Porque los derechos de las personas están en una “delgada línea roja” en la que puede colisionar con otros derechos fundamentales de las personas. Y los actos delictivos son esos, en donde la sociedad, los ciudadanos y el Estado están en riesgo o sufren la lesión de mayores derechos.

Para muestra un ejemplo, si cumpliéramos a rajatabla el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, tendríamos a Montesinos y Fujimori en la calle orondos y felices. E igual hubiese sucedió con las “ratas” Quimper y León Alegría (hoy libres después de un proceso). Pero ¿Qué se ha previsto en la Legislación Penal en el Perú? Para regular dicho derecho constitucional, está vigente desde Abril 1992, la Ley Nº 27697, que regula la intervención y control de las comunicaciones, por pedido del Fiscal ante un Juez que la ordenará, solamente respecto a los siguientes delitos:

– Secuestro agravado

– Tráfico de menores

– Robo agravado

– Extorsión agravada

– Tráfico ilícito de drogas

– Asociación ilícita para delinquir

– Delitos contra la humanidad

– Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria

– Peculado

– Corrupción de funcionarios

– Terrorismo

– Delitos tributarios y aduaneros.

No significa que uno puede estar grabando a cualquiera, pues esta Ley Nº 27697 establece requisitos precisos, y solamente para esos delitos, nada más. No es ético difundir pruebas obtenidas de manera ilegal en los medios de comunicación. Tal vez sea necesario, como es el caso de los audios “fujimontesinistas”, “los petroaudios”, “La Centralita”, “Luz Verde de Nadine” o los “audios Chincheros” pero no. Si no fuera así, como nos enteraríamos de tantos arreglos por lo bajo, robos de sabandijas y sanguijuelas.

¿Es lícito que algunos medios usen este tipo de información: que compren, paguen por “pruebas” tipo imagen, sonido, documentos…??? Más aun en un país como el nuestro dónde la corrupción llega a todas las esferas del poder, donde se pone el dedo salta la pus?  ¿De ello depende la buena administración del Estado, el progreso de los peruanos e intereses nacionales?

Entonces, queda claro que: El “chuponeo” o interceptación telefónica NO ES DELITO CUANDO SE HACE CONFORME A LA LEY Nº 27697. Obviamente, sí es delito e ineficaz como prueba cuando se hace al margen de dicha ley. ES ÉTICO, cuando persigue proteger a la sociedad y a las personas, de delitos mayores que pueden ocasionar daños personales. Y esos delitos mayores ya están enumerados en la referida Ley.

 

Pysn Jaime Alberto Uribe Rocha
Jaime Uribe Rocha: Periodista y Publicista experto en marketing político, columnista en varios medios periodísticos impresos,

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